A las críticas de las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos por las carencias y necesidades que presentan los centros educativos de la provincia de Almería en el inicio del curso escolar, ahora se suman las del profesorado. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, ha realizado una encuesta, de carácter anónimo, a cerca de 200 de centros educativos de la provincia que apunta que la reducción de ratios es una de las máximas preocupaciones de los docentes que imparten clase en Almería.

El 70% de los centros señala como “asignaturas pendientes” la climatización, conexión a internet y la conservación

En concreto, más de un 95% de los profesionales consultados considera que el número de alumnos por aula debe disminuir, especialmente en algunos centros de la comarca del Poniente almeriense, donde las ratios están por encima de los 28 alumnos en Primaria (cuando el límite está en 25 alumnos por aula), o los 34 y 35 en los casos de Secundaria y bachillerato respectivamente (el límite está fijado en 30 alumnos por clase).

Pero como indicó a este periódico el propio responsable del Área de Educación de CSIF, Juan Francisco Caballero, esta situación no solo se da en la comarca del Poniente, sino que también se ha detectado en la capital y en el Levante, y ya en el inicio de curso.

El sindicato extrae de esta encuesta el malestar en el colegio de Viator por la reubicación de grupos de infantil en aulas prefabricadas, algo que lamentan desde CSIF, sobre todo teniendo en cuenta que su eliminación era uno de los objetivos principales del gobierno de la Junta de Andalucía.

Igualmente, la encuesta ejemplifica, según ha trasladado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que “el curso ha dado comienzo con plantillas incompletas ya que falta profesorado en un 29% de los centros de Infantil y Primaria y un 65% en Secundaria”. Además, CSIF ha detectado que “hay plazas que están quedando desiertas de las convocadas a través del sistema de previsión de interinidades (SIPRI)”.

En cuanto a las instalaciones, los docentes señalan que “las obras inacabada afecta a un 30% de los centros de Infantil y Primaria y un 22% a los institutos”. A este respecto, el sector de Educación recuerda el caso puntual del Conservatorio de Danza que ya debería estar en funcionamiento tal y como rezaban el Plan de Infraestructuras 17-18 y en el posterior de 2018-2019, junto a otros centros como el instituto de nueva creación por aumento demográfico en Huércal de Almería que, al no ser puesto en marcha, perjudica a las ratios del IES Carmen de Burgos.

Por otro lado, otra materia que preocupa a los docentes de la provincia es la pérdida sistemática de unidades año tras año. Los resultados del sondeo que ha llevado a cabo la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en la provincia de Almería indican que “la eliminación es progresiva y se encuentra en un 11% en los Centros de Educación Infantil y Primaria y un 25% en los Institutos de Enseñanza Secundaria”. De hecho, desde CSIF apuntan que “ya en mayo, con el cierre de líneas en el CEIP Francisco de Goya, mostró su preocupación por la previsión de la pérdida de plazas en el primer año de Educación Infantil en la provincia”.

A raíz de esta encuesta, como han destacado desde el sindicato, “si algo tienen claro los docentes de la provincia de Almería es la enorme cantidad de carga burocrática de los centros. En concreto, el 95% de los centros y docentes demandan una disminución de este tipo de tareas”.

Y en cuanto a la cobertura de bajas del profesorado, los datos reflejan que, aunque se ha percibido una leve mejora, “deben seguir optimizando la tramitación de las mismas”.

Cuestiones como la conservación de las infraestructuras, la conectividad a internet o la climatización de los centros son “asignaturas pendientes” para más del 70% de los encuestados.El 60% de los docentes apunta que sigue habiendo problemas con especialistas de Pedagogía Terapéutica, concretamente en el área de Audición y Lenguaje.

La encuesta, según CSIF, refleja claramente la necesidad de incrementar al 7% del PIB andaluz la partida presupuestaria destinada a Educación, así como la mejora de las condiciones laborales del profesorado.