Impacientes e intranquilos. Así se muestran un nutrido número de alcaldes de la comarca del Almanzora ante el mutismo impuesto por parte de la Junta de Andalucía acerca del decreto que está confeccionando la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y que dirimirá qué viviendas de las 12.697 localizadas en suelo no urbanizable pueden estar ya contando sus últimos días en pie.

De hecho, según los datos que avanzó hace un mes la consejera Josefina Cruz Villalón, sólo en sólo en diez municipios del Valle del Almanzora existen 534 que están construidas en suelo especialmente protegido y 386 están en proceso de construcción o tienen menos de cuatro años por lo que por encima de todas ellas -son un total de 920- sobrevuela la orden de demolición. Las restantes 11.777 edificaciones identificadas se ubican en suelo no urbanizable común o están en terreno protegido, pero no afectadas por las normativas específica, territorial o urbanística al ser anteriores a la entrada en vigor de ese tipo de legislación.

Ante esta situación, el principal colectivo afectado, el de británicos, ha comenzado a presionar a los dirigentes políticos con su voto -hay que recordar que en las elecciones municipales tienen derecho a ello-, lo que puede costarla a más de uno perder su vara de mando. Por esta razón, el nerviosismo impera en los regidores afectados por la posible demolición de viviendas que ven como el decreto que prepara la administración autonómica no hace acto de aparición y puede cavar su propia tumba ante la inminente cercanía de los comicios.

Hay que recordar que a principios del mes de abril, la consejera de Obras Públicas informó al Consejo de Gobierno del decreto que prepara su departamento para regular la situación de las viviendas construidas en suelo no urbanizable del Valle del Almanzora. La futura norma establecerá vías para la legalización o el reconocimiento de estas edificaciones, tras el análisis de sus diversas circunstancias físicas y jurídicas. Lo que no informó es de cuando saldrá a la luz este vital documento.