Era presumible, pero faltaba el fallo judicial del Tribunal Supremo para confirmar que los terrenos expropiados en su día por el Ayuntamiento de Almería para poder ampliar el paseo marítimo de la capital se han encarecido hasta lo indecible. De los 3,5 millones de justiprecio abonados en la pasada legislatura, la factura supera ahora los 20 millones de euros por 75.000 metros cuadrados.

El Supremo ha admitido los razonamientos de una segunda sociedad denunciante, Sabinal, que reclamó el pago de 2,7 millones, según ha desvelado la portavoz municipal del PSOE y candidata a la Alcaldía, Adriana Valverde. Es la segunda sentencia, que se suma a la condena de 18 millones a favor de la mercantil J. Guiard, también trasladada a la opinión pública este mismo mes por la representante socialista.

Según ha detallado Valverde, el mismo día en el que el PSOE dio a conocer las “dos sentencias condenatorias del TSJA, que uno de los recursos ante el TS no había sido admitido a trámite y en el que reclamó explicaciones al gobierno municipal sobre el estado del segundo pendiente, se notificó al Consistorio que este último tampoco se había admitido a trámite”.

Así lo han podido constatar los socialistas en la información al respecto que requirieron también por escrito, ante lo que “ha quedado claro –remacha Valverde– que la portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento mintió o no dio toda la información sobre cómo se encontraba ese expediente” en sus diversas comparecencias públicas.

La candidata desgrana que, después de que el pasado 5 de abril se notificara al Ayuntamiento esta decisión del Tribunal Supremo, “la realidad es que, al final, hay dos sentencias -dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que son firmes tras la inadmisión a trámite de los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo- que condenan al Ayuntamiento, y nos van a condenar a todos los almerienses, a tener que pagar más de 20 millones” a las empresas propietarias de las dos fincas vinculadas al proyecto que acudieron a los tribunales.

Una importante cantidad de dinero que, según ha puesto el acento, “viene a hipotecar al futuro gobierno municipal que salga de las urnas el próximo 26 de mayo” al que “va a dificultar poder atender los servicios sociales esenciales u obras básicas para los barrios”.