El Ayuntamiento extenderá cheque con la considerable cantidad de 17,7 millones de euros para acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia a favor de J.Guiard, una de las sociedades propietarias de los terrenos que fueron expropiados años atrás para la ampliación del paseo marítimo de Almería. El pago se efectuará de una sola vez y no de forma fraccionada como el Consistorio había solicitado al Alto Tribunal, disponiendo el equipo de gobierno para ello de los más de 42 millones de remanente de tesorería: la hucha municipal.

Antes de proceder a este pago, el alcalde ha tenido que elevar a Pleno una modificación para poder abrir esta cartera de ahorros de las arcas públicas ante la cual, a excepción de sus concejales, los grupos políticos se han abstenido, pese a las alabanzas financieras de unos, como las del concejal no adscrito, o las duras críticas de otros, como el Partido Socialista y Ciudadanos.

Al margen del debate que las expropiaciones del paseo marítimo abren cada vez que resuenan en el Salón de Plenos –sobre si fue o no una mala gestión achacable al Ayuntamiento–, las diferencias políticas surgen ahora, principalmente, por los fondos con los que se hará frente a esos 17,7 millones. Ese remanente que el Gobierno central ha autorizado a las administraciones locales a emplear en medidas que palíen la crisis económica y social de la pandemia.

Justo antes de que comenzara la sesión plenaria, el alcalde ofrecía una rueda de prensa en la que anunció la reserva de 5 millones de euros en los prepuestos de 2021 para aplicar rebajas fiscales que salven del estado crítico al tejido empresarial con ayudas a sectores como el comercio, hostelería o el turismo. Mientras, el concejal de Economía, Juan José Alonso, se encargó de defender ya la pasada semana el pago a tocateja de la sentencia ante el “silencio” judicial a la petición de fraccionamiento, por la que había abogado durante estos meses atrás el PP.

El edil justifica ahora que supondrá ahorrarle a las arcas un millón de euros en intereses de demora por esos aplazamientos y liberar unos 4,5 millones al año durante los próximos cuatro (el plan de pagos), insistiendo Alonso en la imposibilidad de utilizar el remanente acumulado en acciones contra la crisis debido a que para ello que el “Gobierno llega tarde”, pues es necesario efectuar modificaciones presupuestarias que, al requerir unos pasos administrativos obligatorios, no llegarían a tiempo antes de finalizar el año en curso.

Oposición

Ni el Plan re-Activa en su versión 2021 anunciado por el alcalde ni los argumentos expuestos por el Grupo Popular acalló en la sesión plenaria a la oposición.

Adriana Valverde, portavoz del PSOE, durante la celebración del Pleno

“Mientras otras ciudades utilizan estos remanentes para hacer frente a los gastos generados por la COVID, mientras otros ayuntamientos hacen uso de este mecanismo para aliviar la situación económica de familias, empresarios y autónomos; mientras muchos municipios protegen a sus vecinos de esta terrible crisis económica y social y les dan esperanza de futuro, usted, señor alcalde, abandona a los almerienses a su suerte, mete mano en la hucha de todos cuando más la necesitan y dedica ese dinero a tapar las vergüenzas de su nefasta gestión”, censuraba la portavoz socialista.

Adriana Valverde, advierte, una vez más, que el capítulo de sentencias del paseo marítimo no acabará con este pago. “El final de esta historia está aún por escribir, pues siguen quedando pendientes procedimientos judiciales”, una “losa”, en palabras de la representante del PSOE, de “casi 30 millones de euros para pagar a dicha empresa”.

El portavoz municipal de Cs, Miguel Cazorla, protagonizó otra dura intervención al manifestar que “no es de recibo que siempre paguen el pato de la mala gestión política los que menos culpa tienen, que son los ciudadanos, y es que los políticos deberíamos pagar de nuestro bolsillo los fallos judiciales y de gestión”.