Un total de 19.146 personas recibe prestaciones de la Ley de Dependencia en la provincia de Almería y 6.085 están en lista de espera para se valorados y que la administración andaluza les conceda ese beneficio.

Así lo ha anunciado el delegado provincial de Igualdad de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez, quien ha calificado de "inadmisibles" los tiempos de resolución desde que una persona solicita la prestación hasta que se le concede o deniega. El máximo responsable en la provincia en materia de Igualdad ha hecho autocrítica del funcionamiento del sistema, que no solo incluye a la administración autonómica, sino que también están implicados los ayuntamientos con los servicios sociales municipales, para asegurar que "los tiempos superan con creces los plazos establecidos, por lo que desde la Consejería se está trabajando para simplificar el sistema con un modelo digital que permita agilizar todo el proceso". En este sentido, el delegado, durante la visita que ha realizado a la Residencia de Mayores de El Zapillo, en la capital, ha destacado el esfuerzo que ha hecho el actual gobierno en el ámbito de la dependencia, no solo con un incremento de la inversión en más de 127 millones, sino también con la tramitación de 281 expedientes en el último año, 729 prestaciones y 122 valoraciones de personas que estaban en lista de espera y que se han incluido en el programa.

Residencia de Mayores El Zapillo, con el 100% de las plazas públicas

La prestación más solicitada por personas dependientes en la provincia de Almería es la ayuda a domicilio y la atención residencial es la que concentra el mayor número de personas en lista de espera, principalmente por la falta de plazas, tal y como ha confirmado la jefa de servicio de Dependencia de la Delegación Territorial de Igualdad de la Junta de Andalucía.

Pacto de Estado

El responsable del gobierno en materia de Igualdad asegura que "es necesario un Pacto de Estado por la Atención a las Personas Dependientes" para que el modelo sea sostenible, que incluya recursos para la autonomía y que asegure la aplicación de la Ley de Dependencia en todo el territorio nacional. En este sentido, aboga porque la financiación de las prestaciones y recursos sea compartida en un 50% entre el gobierno autonómico y el gobierno central (ahora la Junta de Andalucía financia el 80%).