Una ley de renta básica, el reconocimiento de la deuda con los ayuntamientos y una reducción de altos cargos. Son sólo tres de las medidas que el Consejo de Gobierno tendrá que poner en marcha tras el debate sobre el estado de la comunidad, que se cerró ayer con la votación de las propuestas de resolución. El 80% de las 175 iniciativas presentadas por los cinco grupos del Parlamento fueron aprobadas en el pleno, pero 44 lo hicieron con el voto en contra del PSOE, por lo que el Ejecutivo socialista se verá obligado a llevar a cabo políticas con las que no está de acuerdo.

En jornadas como la de ayer, Ciudadanos hace valer su papel de bisagra entre socio preferente del Gobierno de Susana Díaz y parte activa de la oposición en la Cámara. Sirve como ejemplo la abstención de los diputados del partido naranja que ha permitido la aprobación de tres propuestas de resolución de IU y Podemos encaminadas a poner en marcha una ley de renta básica, tal y como establece el Estatuto de 2007.

El proyecto de Presupuestos para 2018 cuenta con una iniciativa similar, la Renta Mínima de Inversión, que también será avalada por Ciudadanos cuando en dos semanas se vote el proyecto de cuentas autonómicas. Queda la duda ahora de saber qué hará el socio del Gobierno de Susana Díaz cuando tenga que votar la enmienda de IU al Presupuesto para poner en marcha dicha ley de renta básica.

Las cuentas pergeñadas por María Jesús Montero dedican 480 millones de euros a la Patrica, es decir, a los fondos que la Junta transfiere a los ayuntamientos para sufragar las competencias que ejecutan. Esta cantidad quedó congelada por la crisis económica y el PP e IU están en plena ofensiva para presionar a la Junta y que aumente los fondos ahora que la situación ha mejorado. Ambos partidos presentaron sendas enmiendas en este sentido y ambas lograron el apoyo de los ocho parlamentarios de Ciudadanos, que en menos de dos semanas avalarán un Presupuesto autonómico que limita el fondo de la Patrica a 480 millones de euros.

Los diputados del partido naranja también permitieron con su voto afirmativo la aprobación de las propuestas de resolución de Podemos e IU donde piden al Gobierno andaluz que el Plan Infoca funcione a pleno rendimiento durante todo el año y no sólo en el periodo de alto riesgo de incendios. En la misma situación están iniciativas procedentes del ala izquierda del Parlamento, como el aumento de la dotación a la partida de cooperación al desarrollo internacional, de IU, y la defensa de la reducción de altos cargos presentada por Podemos, similar a otra del PP.

Cada una de las fuerzas de izquierdas ha visto aprobadas nueve iniciativas contra la voluntad del PSOE. Ciudadanos hizo ayer lo propio con otras dos, pero el PP logró incluir 22 entre las propuestas de resolución que el Parlamento enviará al Consejo de Gobierno. Los populares obligan así a la Junta a poner en marcha medidas como la devolución de la paga extra de diciembre de 2012 a los empleados públicos antes de final de año y no en febrero, como planea el Ejecutivo.