El Gobierno de la Junta ha acusado hoy a Susana Díaz de "ocultar" información sobre el préstamo que, según Elías Bendodo, es el "origen" del fraude de los ERE. Se trata de los detalles de la ayuda de 5,8 millones de euros que el Consejo de Gobierno otorgó en 1999 a la empresa Hamsa. Por este procedimiento, el juez José Ignacio Vilaplana, que instruye las piezas separadas de los ERE, ha abierto diligencias contra Manuel Chaves y Gaspar Zarrías, entre otros altos cargos. 

"Ahí empieza el sistema procedimental que se va a repetir durante los siguientes 10 años", ha insistido el portavoz del Ejecutivo y consejero de la Presidencia, que ha acusado de "mentir" a Chaves y a sus dos sucesores, José Antonio Griñán y Susana Díaz, por no aportar información sobre estas ayudas. Según Bendodo, los últimos tres ex presidentes socialistas de la Junta "decían que no tenían información o daban la callada por respuesta" cuando se les solicitaban datos sobre la ayuda a Hamsa. 

Esto cambió el pasado 21 de enero, el día previo a la constitución del nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos. Fue entonces cuando cesaron la mayoría de altos cargos y eventuales. Antes de dejar el puesto, el ex director general de IDEA envía una documentación a los nuevos gestores donde "reconoce que sí existe información". "Lo hizo para cubrirse las espaldas", se ha aventurado Bendodo antes de asegurar que, "por obra y gracia de un milagro, apareció la documentación de las ayudas".

El portavoz del Ejecutivo regional ha revelado que el documento de las ayudas a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina SA (Hamsa) fue aprobado directamente en el Consejo de Gobierno sin pasar por los conocidos como consejillos. Así se denominan los encuentros de los viceconsejeros que, cada viernes, preparan la reunión semanal que se celebra los martes. Es precisamente el titular de Presidencia quien dirige estos consejillos. En 1999, cuando se aprobó el préstamos a Hamsa, era Gaspar Zarrías, investigado en el nuevo caso relacionado con el pago de ayudas presuntamente irregulares, quien tenía esta responsabilidad.

El hecho de que esta subvención, destinada a pagar prejubilaciones de la mencionada empresa, no pasase por el consejillo, provocó que fuera aprobada sin los controles habituales. Como ha detallado Bendodo, cuando una decisión pasa por la reunión de viceconsejeros, deben emitirse tres informes, uno por parte de la intervención, otro por parte de los servicios jurídicos y otro de carácter presupuestario. "Ese documento se metió por debajo de la mesa. Llevaron al Consejo de Gobierno una documentación a sabiendas de que no lo podían hacer", ha denunciado el portavoz del Ejecutivo andaluz. 

"Faltaba una pieza fundamental y esto confirma que el fraude de los ERE se diseñó en la sala de máquinas del Consejo de Gobierno. No eran cuatro golfos, ni cuatro técnicos", ha abundado Bendodo, quien ha definido el caso ERE como "el mayor ataque a la autonomía andaluza".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno regional ha comparecido también Juan Bravo, titular de Hacienda, Industria y Energía, quien ha cifrado en 15 millones de euros el montante recuperado por la Administración regional del total defraudado en el caso ERE, cantidad que alcanza los 680 millones de euros. También ha desvelado que faltan por pagar 62 millones hasta 2025 por las prejubilaciones que fueron concedidas con una "falta absoluta de control", como apunta la sentencia de la pieza política de los ERE, que hizo pública la Audiencia Provincial de Sevilla hace hoy dos semanas.