El Gobierno andaluz ejecutó el 93,5% de su primer Presupuesto, que fue el de 2019. Aunque aumentó la ejecución de su gasto respecto al año anterior, se quedó a 6,5 puntos de la totalidad. Una de las grandes críticas del PP y de Ciudadanos a los anteriores gobiernos socialistas fue que no gastaba lo que presupuestaba por falta de pericia y dejadez. El caso más grave era la devolución al Gobierno central de las partidas para políticas activas de empleo, que llegó a sumar 1.300 millones de euros durante tres años.

El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha dado los datos de su primeras cuentas este miércoles en el Parlamento. Bravo llegó a pedir, con motivo de la presentación del proyecto de Presupuesto de 2019, que se comparasen sus partidas con lo realmente ejecutado en 2018, para subrayar el desfase que dejaban los socialistas entre lo escrito en la ley anual y lo gastado. Él ha mejorado las cifras de ejecución, pero no llega al 94%. Blanco sobre negro, se han quedado sin gastar 2.027 millones de euros sobre lo aprobado, mientras que los ingresos han sido 2.336 millones de euros menos.

La razón de ello no es otra que las obligaciones de cerrar el año con el déficit impuesto por Bruselas y Madrid. De hecho, el parón importante del gasto de la Junta se dio a partir del mes de noviembre de 2019, cuando comienza a ajustarse el año para quedarse, en ese caso, en el 0,1% de desequilibrio entre los ingresos y los gastos. 

Si en 2018, el último Gobierno socialista gastó el 92,8% de lo que presupuestó, el de coalición ha llegado al 93,5%, un incremento notable en dinero (1.462 millones de euros), pero que explica mucho de los problemas para ejecutar unas cuentas en su totalidad. Si se analizan las partes, los problemas en la ejecución vuelven a estar en los capítulos inversores, el seis y el siete, que son el de inversiones reales y transferencias de capital, respectivamente. Las inversiones han llegado a 2.433 millones de euros, 430 millones más que en 2018. Sin embargo, lo cierto es que sólo se ha invertido, directamente, el 53% de los presupuestado para inversiones directas y el 67% de las que realiza la Junta por medio de sus agencias.

La Junta sí gasta todo lo que presupuesta para personal y gasto corriente, que son apartados muy comprometidos, pero se deja ir en lo demás. El de personal es el capítulo más importante de la administración andaluza, en 2019 apenas sobraron 25 millones de euros sobre lo presupuestado.

El socialista Antonio Ramírez Arellano ha censurado a Juan Bravo que la ejecución sea similar a la de los gobiernos anteriores. "Para usted 1.462 millones de euros es poco, para mí, un céntimo en el bolsillo es mucho", le ha contestado Bravo. Ramírez de Arellano ha puesto en duda que la ejecución llegue, incluso, al 93,5%, porque Bravo ha contado como gasto con el Fondo de Garantía Agraria y la Participación en los Ingresos del Estado de los municipios. Este es un dinero que, en efecto, paga la Junta, pero que le llega del Estado con una adjudicación específica. Por eso, la ejecución de las dos partidas es del 100%. El cálculo de Arellano es que el incremento de ejecución no supera el 1%.

Más ingresos

La Junta ingresó más en 2019, no tanto como había previsto (2.236 millones menos), pero sí por encima de la media del resto de comunidades. En el caso de los impuestos propios de la administración andaluza, los ingresos por un impuestos han aumentado en 550 millones de euros, un 3,51%. A pesar de que la recaudación ha caído en conceptos como el impuesto de Sucesiones y Donaciones, que casi ha desaparecido, la buena marcha de la economía ha compensado la rebaja fiscal. Para el PP, esto es una prueba de cómo es posible recaudar más aunque bajen algunos impuestos.

La recaudación por impuestos indirectos es la única que ha bajado, debido a los ingresos de IVA, que caen en 244 millones de euros. Juan Bravo achaca esta caída a los 537 millones de euros del IVA de 2017 que debía haber pagado el Ministerio de Hacienda. 

Uno de los apartados de los ingresos que han funcionado peor son los de la venta de los solares. De los 320 millones de euros que se preveían ingresar por estas ventas, sólo han recaudado 56 millones de euros. Esto es una tónica de todos los gobiernos desde que se consiguiesen estas fincas como pago por la llamada deuda histórica. Lo cierto es que no se logran vender. Juan Bravo ha admitido esto como un error personal, pero ha explicado que los solares estaban lastrados con bastantes obligaciones y embargos.