Un total de 12 personas, españolas y marroquíes, han sido detenidas en la desarticulación una red dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes, cuyo núcleo principal estaba en Almería, pero con ramificaciones en otras provincias de Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana. La organización fletaba embarcaciones con inmigrantes desde Marruecos con destino a costas peninsulares. Después vendían contratos laborales falsos a los inmigrantes con los que pudieran conseguir los permisos de trabajo y residencia.

Como resultado de la "Operación Balisa" iniciada en 2007, la Guardia Civil ha procedido hoy a la detención de un total de doce personas, entre ellas cuatro mujeres, de nacionalidades española y marroquí, que han sido acusadas de los delitos de estafa, falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, siendo además tres de los detenidos acusados de un delito contra la libertad relacionado con la prostitución.

Ocho han ingresado en prisión por orden judicial, quedando los cuatro restantes en libertad con cargos. Algunos de los detenidos ya contaban con antecedentes por tráfico ilegal de inmigrantes y tráfico de drogas.

Una parte de la organización, previo pago, captaba y reclutaba en Marruecos a inmigrantes que introducían en la península, mediante embarcaciones neumáticas y, una vez en España, los inmigrantes, entre ellos menores de edad, eran trasladados a otras provincias, donde otra parte del grupo integrante de la red les facilitan documentos falsos o falsificados para presentar las solicitudes de residencia.

Contratos falsos y matrimonios de conveniencia

Por las documentaciones recibidas, fueron abonadas a la organización cantidades que oscilaban entre 150 y 350 euros, según el tipo de documento facilitado. Entre estos documentos, eran vendidos contratos de trabajo, a través de varios empresarios de empresas instrumentales de escasa actividad, por importes de entre 800 a 1.000 euros. Los documentos  eran confeccionados con medios informáticos. Otro procedimiento también utilizado por la organización era la contratación en origen, a través del denominado catálogo de puestos de trabajo de difícil ocupación e incluso mediante matrimonios de conveniencia.

Tras la investigación, los efectivos descubrieron que tres miembros de la red habían obligado a prostituirse en un club de alterne de Alicante al menos a una inmigrante en situación ilegal en España, como condición indispensable para que ésta pudiera hacer efectivo parte del pago acordado por la documentación falsa que le permitiera conseguir la residencia legal. Asimismo, del estudio realizado por los agentes sobre el "gran volumen" de documentación y efectos intervenidos, se podría cuantificar aproximadamente que las actividades de la organización delictiva ha facilitado la presentación fraudulenta de más de 200 expedientes de extranjeros.