Los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), liderados por Ángel Turrión, declararon ante el tribunal que juzga la pieza de los ERE sobre las ayudas de más de ocho millones de euros a cinco empresas de corcho de la Sierra Norte de Sevilla. Como ya ha ocurrido en otras piezas, Turrión afirmó que la documentación existente relativa a las subvenciones recibidas es "prácticamente nula". En concreto, se refirió a los convenios entre la Direccion General de Trabajo y el IFA y "alguna memoria de Corchos de Cazalla y Cortansa". Lo que, según declaró el perito de IGAE no habia era "ni solicitud de subvención ni justificación de las supuestas actividades subvencionadas ni ningún compromiso por parte de los beneficiarios".

Respecto al objeto de la subvención recibida por Corchos de Cazalla, el perito de la IGAE explicó, a preguntas de la fiscal, que "no está definido ni concretado". En cuanto a las memorias de las empresas incluidas en la documentacion analizada, Ángel Turión destacó en varias ocasiones durante su declaración que no están fechadas ni firmadas, "por lo que no es justificativa para recibir una subvención". Asimismo, a preguntas de la letrada de la Junta de Andalucía, el perito explicó que en las memorias aparecen deudas "considerables" de las empresas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, "y que parte de la subvención iba destinada a saldarlas". En cualquier caso, "no hay ningún documento en el que se indique el destino de los fondos recibidos", afirmó el perito.

En cuanto a los dos convenios analizados por los peritos, firmados en 2001 cuyo objeto es de 1.200.000 euros para cada una de las empresas, Turión declaró que estaban destinados a una fusión entre Corchos de Cazalla y Cortansa que nunca se realizó. Tanto es así que años más tarde, en 2004, se volvió a pedir otra subvencion para el mismo objeto de 600.000 euros para cada sociedad "aunque tampoco se realizó la fusión".A preguntas de la defensa de Ángel Rodríguez de la Borbolla, ejercida por Adolfo Cuéllar, Turión explicó que los convenios están firmados por el director general de Trabajo y el IFA, sin que en ningún momento aparezca la firma del beneficiario.

En este juicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.

El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los cinco investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para Ángel Rodríguez de la Borbolla la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín, Fernando Pedro Moreira; y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para el quinto acusado, Gerardo de la Cruz