Andalucía

Elías Bendodo, el casi vicepresidente del Gobierno

  • El Consejero de la Presidencia refuerza su poder como portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno

  • Juan Marín se queda con la Oficina contra el Fraude, que deberá esperar a materalizarse en forma de ley

Juan Marín y Elías Bendodo, en el Palacio de San Telmo. Juan Marín y Elías Bendodo, en el Palacio de San Telmo.

Juan Marín y Elías Bendodo, en el Palacio de San Telmo. / Jesús Prieto / EP

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Por si cabía alguna duda de cuál será su poder, Elías Bendodo, el actual consejero de Presidencia, Administraciónes Públicas e Interior, también será el portavoz del Gobierno. Dos semanas después de la toma de posesión del gabinete de Juanma Moreno, el nuevo Ejecutivo ha optado por dejar la portavocía a uno de sus consejeros, en contra de lo que venía siendo habitual. Los anteriores gobiernos escogieron a periodistas y sociólogos relacionados, o no, con el PSOE.

Bendodo es la mano derecha de Juanma Moreno, ha sido hasta ahora el presidente de la Diputación de Málaga y es amigo del presidente. Su elección tiene especial relevancia, ya que Moreno ha optado por nombrar portavoz de un Ejecutivo que es de coalición a un destacado dirigente del PP.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana, la primera en el Palacio de Gobierno, han comparecido Bendodo y Juan Marín. Y ha sido el propio vicepresidente quien explicó que será su compañero de atril quién dé cuenta de los asuntos que se despachen en las reuniones semanales del Ejecutivo.

Equilibrios entre Bendodo y Marín

Bendodo, el hombre fuerte del PP en el nuevo Gobierno, tiene como contrapeso al vicepresidente Juan Marín. Las decisiones que se han tomado hoy en San Telmo son una muestra de este equilibrio de poder. En un acto sin precedentes, el Ejecutivo aprobó ayer una solicitud para pedir al Parlamento la creación de la comisión de investigación sobre la Faffe, la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, cuyo director utilizó tarjetas sufragadas con fondos públicos para pagar en prostíbulos.

La potestad del Gobierno para pedir una investigación parlamentaria figura en el artículo 52 del reglamento de la Cámara, pero los gobiernos socialistas no habían hecho nunca uso de esta facultad. Esta medida de regeneración democrática va íntimamente relacionada con la propuesta para redactar un proyecto de Ley que permita la puesta en marcha de la Oficina de Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

Ayer, Ciudadanos anunció la inminente activación de estas dos iniciativas, que están en el acuerdo de 21 medidas prioritarias pactadas por el Ejecutivo de coalición para sus primeros 100 días. La comisión de la Faffe escapará de las competencias del Gobierno en cuanto eche a andar, pero la oficina antifraude se queda en San Telmo. Concretamente en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Este organismo lleva en la agenda política desde 2014, cuando el PSOE lo incluyó en su programa para las elecciones autonómicas. Juan Marín lo convirtió en una prioridad para su partido, como socio preferente del Ejecutivo socialista, pero su puesta en marcha se fue retrasando.

Ahora, pese a la urgencia de Ciudadanos, no podrá funcionar hasta dentro de un año, toda vez que se desarrollará a partir de una ley y no de un decreto. De hecho, ya existe un texto normativo desarrollado por el equipo de la ex consejera de Hacienda, María Jesús Montero y en el que Marín se inspirará para su proyecto legislativo.

El retraso del decreto de estructura

El nuevo Gobierno andaluz aún se tomará una semana más para aprobar el decreto de su estructura, el armazón que articula las competencias de cada consejería y los altos cargos de cada departamento. “Preferimos ir a la velocidad adecuada”, ha detallado hoy Bendodo.

El Gobierno sólo lleva dos semanas en la Junta, ha nombrado consejeros y viceconsejeros, pero le falta el decreto que distribuye las secretarías y direcciones generales de cada consejería. A pesar de todo, este mediodía ya se han conocido los nombres de varios de estos altos cargos en siete de las 11 consejerías.

Aunque PP y Ciudadanos hicieron un reparto de funciones, es el decreto el que, realmente, produce la distribución y no todo el acuerdo político casa con el papel. No obstante, gobiernos anteriores también tardaron alrededor de un mes en componer su organigrama. La propia Susana Díaz tardó un mes en publicar los decretos de estructuras cuando se convirtió en presidenta en junio de 2015.

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