La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de siete años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández y el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, por delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, en relación con las ayudas concedidas al mercado mayorista por los ERE de los años 2003 y 2007. En la causa, en la que están procesadas 11 personas, la Fiscalía considera que Mercasevilla es responsable civil subsidiaria y "partícipe a título lucrativo" de los hechos, por lo que debe responder "conjunta y solidariamente" de la cantidad abonada por la Junta de Andalucía, que cifra en 4.125.000 euros.
En el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, las fiscales Anticorrupción Nazaret Salguero Gil y María José Sánchez, reclaman asimismo una condena de seis años y seis meses de prisión para el ex subdirector de la lonja Daniel Ponce Verdugo, el ex directivo de Vitalia Antonio José Albarracín, y el trabajador de esta misma mediadora Francisco González. Para el resto de los acusados, entre los que se encuentran responsables de las entidades Hermes Consulting S.L. y Maginae Solutions, solicita cinco años de cárcel, y para Antonio Garrido Santoyo, uno de los primeros intrusos detectados en la investigación -que fue incluido como beneficiario de una póliza de seguro pese a que nunca habría sido trabajador de Mercasevilla-, pide una condena de dos años de prisión.
Anticorrupción relata que la Consejería de Empleo, a través de la dirección general de Trabajo que dirigía el fallecido Javier Guerrero, concedió a Mercasevilla ayudas "al margen de la legalidad vigente, arbitrarias, injustas y carentes de publicidad financiadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía en el año 2003 por importe de 5.637.421'86 euros para sufragar el coste de la indemnización por despido de 50 trabajadores afectados por el ERE 36/03 y en el año 2007 por importe de 8.031.121,99 euros para el pago de la indemnización por despido de los 39 trabajadores afectados por el ERE 8/07".
Asimismo, la Junta pagó otros 834.332,84 euros para costear las pólizas del intruso Antonio Garrido Santoyo y de José Antonio Rivera Martín, un trabajador discontinuo incluido en el ere 8/08, pagos que se articularon a través de suscripción de dos pólizas de seguros.
Entre 2004 y 2007, se abonó la cantidad de 4.125.000 euros, dice la Fiscalía, que no obstante señala que "no consta ningún pago" relacionado con el compromiso asumido por la dirección de Trabajo para hacer frente al ERE del año 2007. En cualquier caso, la Fiscalía sostiene que estas ayudas fueron otorgadas "sin ningún tipo de resolución motivada de concesión -no solicitadas por la beneficiaria Mercasevilla- para financiar el coste de la indemnización por el despido colectivo que fue acordado entre la empresa y los trabajadores siendo la forma de pago de esta indemnización la suscripción de un seguro de rentas a favor de cada trabajador".
Esta financiación, prosigue la acusación pública, al atender obligaciones surgidas para la empresa durante la existencia de la relación laboral y antes de que ésta se extinga "supuso que la Junta de Andalucía asumiera obligaciones propias de ésta, sin que se llegara a acreditar en ningún caso el fin público de su aplicación, al margen por completo de los mecanismos legales de protección establecidos para el pago de los salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en crisis y con el más absoluto desprecio de otros colectivos de trabajadores y ex trabajadores que, ante la misma situación que los pertenecientes a Mercasevilla, se vieron privados no ya de poder percibir estas cantidades de fondos públicos, sino de poder solicitarlas y concurrir a su concesión acreditando la necesidad socioeconómica habilitante de su percepción".
Esta actuación supuso que la lonja "sin causa justa y lícita que lo amparase, obtuviera una ventaja dineraria, cual es el ahorro del coste de las indemnizaciones por despido de sus trabajadores a las que legalmente estaba obligada", además de que en la concesión se "prescindió total y absolutamente del procedimiento establecido" y se utilizó el procedimiento presupuestario "inadecuado" de las transferencias de financiación.
La Fiscalía concluye que la "disposición libérrima de estos fondos se hizo sin ajustarse a los límites legales para la asunción de compromisos de carácter plurianual" y sin la "fiscalización previa" del expediente, además de que "no consta" la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno de la Junta para conceder subvenciones que superan los tres millones de euros.
"Negociaciones verbales a espaldas del procedimiento legal"
La acusación de Anticorrupción destaca en su escrito que la concesión de estas ayudas a Mercasevilla se gestaron mediante "negociaciones verbales a espaldas del procedimiento legalmente establecido entre altos cargos de la Administración, entre los que se encontraba el Director General de Trabajo de la Junta Javier Guerrero Benítez, quien dispuso de los fondos públicos con el conocimiento y beneplácito de sus superiores, entre ellos el Viceconsejero y posteriormente Consejero de Empleo Antonio Fernández García y altos directivos de Mercasevilla -los acusados Fernando Mellet Jiménez, director General, y Daniel Ponce Verdugo, director de la Unidad Alimentaria- quienes era plenos conocedores de la ilicitud en el proceder del director general de Trabajo".
Los anteriores acusados, añaden las fiscales, se "sirvieron" de los acusados Francisco González García -comercial de Vitalia, entidad que venía mediando en la suscripción de pólizas de seguro de rentas financiadas por la JA a extramuros de la legalidad- y de Juan Lanzas Fernández -ex secretario General Federación Agroalimentaria de UGT- para conseguir que la dirección de Trabajo financiara la mayor parte del coste de las prejubilaciones "a cambio de retribuirles por ello con fondos de Mercasevilla de los que disponían por sus cargos directivos actuando todos ellos en connivencia y concierto previo". Para ello, los acusados Francisco González García y Juan Lanzas Fernández se prevalieron de la relación que Juan Lanzas mantenía con Javier Guerrero.
Así, destacan que incluso se trató de introducir entre los asegurados al propio Juan Lanzas "en su propio beneficio", y también a Carmen Fontela, "persona ajena al ERE por carecer de relación laboral alguna con Mercasevilla, en beneficio De Francisco González"; y sí se introdujo al intruso Antonio Garrido, "quien no figuraba entre los afectados por el expediente de regulación de empleo, pues carecía de relación laboral alguna con Mercasevilla, siendo este prefecto conocedor de que no tenía derecho a cobrar estas rentas y que todo se hacía al margen de la legalidad vigente".
Con respecto a la actuación de Lanzas, Anticorrupción señala que el conseguidor de los ERE, en connivencia con Mellet y Ponce, "con la finalidad de hacer suya la parte previamente concertada con estos por lograr la financiación por parte de la Consejería de Empleo de la casi totalidad coste de las prejubilaciones, se sirvió de terceros como fue el acusado Juan Francisco Algarin Lamela -quien expidió y cobró facturas por servicios inexistentes a Mercasevilla por orden de Juan Lanzas Fernández y del acusado José Rodríguez López-, quien prevaliéndose de su cargo de administrador de la mercantil Asesoramiento Empresarial Rodríguez&Martínez utilizó datos fiscales de sus clientes para elaborar facturas por servicios inexistentes a Mercasevilla- y de un entramado societario controlado por el propio Juan Lanzas, en concreto de la sociedad Maginae Solutions S.I cuyo administrador único era un pariente suyo, el acusado Ismael Jose Sierra García, que, sin realizar ninguna efectiva prestación de servicios ni entrega de bienes a Mercasevilla, le facturó por los importes que fueron recogidos en las declaraciones presentadas a la AEAT".
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