Dos familias de la Corrala Utopía fueron realojadas el jueves por la noche en dos pisos públicos del Tiro de Línea pese a que la Junta de Andalucía adeuda 14.260 euros a esta comunidad, que ha iniciado el procedimiento monitorio para cobrarla por la vía judicial. Los realojados han ocupado dos semisótanos que han sido completamente rehabilitados por la Administración andaluza con unas obras.

Los 20 vecinos de este edificio, situado en la calle Tello de Guzmán 4, son en su mayoría personas jubiladas y desempleadas con bajos recursos que a duras penas pueden afrontar los gastos de comunidad, razón por la que Emasesa ha estado a punto de cortarles el agua. La deuda se debe a impagos de comunidad durante años que incluyen derramas de obras realizadas para que el edificio pasara la ITE y gastos del agua comunitaria.

El administrador de la finca, Antonio Robador, explicó ayer a este periódico que, tras el silencio de la Junta a decenas de emails que le han enviado requiriendo el pago, el pasado jueves 10 de abril se le envió un burofax a la delegación territorial de Fomento y Vivienda de la plaza de San Andrés como último paso jurídico antes de la demanda judicial. El aviso del monitorio se reproduce junto a estas líneas.

La comunidad está molesta también porque consideran que la Junta ha ocupado estos dos semisótanos con dos familias de la Corrala aun cuando pertenecen a una herencia privada yacente, no resuelta, de los múltiples hijos de una vecina fallecida. Se trata de al menos ocho vástagos herederos algunos de los cuales residen en el extranjero. Una de las hijas de la fallecida sigue viviendo en el bloque, justo enfrente de las dos viviendas ocupadas por las familias realojadas, pero no quiere el piso. El administrador de fincas recalca que la herencia no ha sido aún aceptada por todos los hijos.

Un trabajador de la Consejería de Fomento que visitó a las familias realojadas en este edificio del Tiro de Línea aseguró ayer a este periódico que ambos pisos son propiedad de la Junta y no explicó por qué no pagan la deuda con la comunidad.

Horas después, desde la Consejería de Fomento de IU se insistió en que "jurídicamente las dos viviendas son de titularidad pública de la Junta, aunque haya alguien que las reclame" y consideró como "un caso clásico del parque público de viviendas que los herederos reclamen". La Administración andaluza añade que, en cualquier caso, mientras se dirime el asunto de la herencia el titular sigue siendo la Junta y que no afecta para nada que se entreguen estas viviendas como alojamiento temporal.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta salió ayer del mutismo y el silencio absoluto de los últimos días para afirmar que ha realojado provisionalmente en viviendas de su titularidad a ocho familias desalojadas de la Corrala Utopía, frente a las 22 que en teoría iban a ser.

No obstante, es posible que esta cifra se reduzca hasta quedar menos de la mitad tras el intenso estudio de los expedientes por parte de la Consejería de Hacienda de la Junta, el departamento que ha asumido las competencias de adjudicación de vivienda pública tras el decreto de la presidenta Susana Díaz. Según ha podido saber este periódico sólo tres familias de las ocho realojadas cumplirían los requisitos legales al tener menores y estar en situación de riesgo social.

Fomento, sin embargo, sostenía ayer que las ocho familias realojadas "cuentan con informes sociales favorables custodiados por el Defensor del Pueblo Andaluz, que reclamó su realojo al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento de Sevilla, en el marco de la comisión técnica creada por ambas administraciones el 5 de marzo". Y recalca que es un "realojo provisional, diferente de la adjudicación de viviendas a través de registros públicos de demandantes, que permite atender a familias en situación de emergencia sobrevenida", con lo que "este procedimiento de cesión del inmueble no implica la adjudicación". En octubre sí planeaba adjudicarles pisos en San Bernardo.