Un ex director general de Formación para el Empleo ha negado este jueves, en el juicio que se sigue contra la que fuera directora gerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) Ana María Orihuela, que se autorizara por parte de la Junta de Andalucía la contratación del hijo y de un sobrino de la gerente en este centro destinado a la realización de cursos de formación.

En su declaración como testigo en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, Manuel Brenes, que fue director general de Formación entre junio de 2009 y marzo de 2010, ha asegurado que "en absoluto" se autorizó por parte de la Junta la contratación de trabajadores de Formades y "muchísimo menos de sus familiares".

En este primer gran juicio por las presuntas irregularidades en la formación, se investiga la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas que recibió este consorcio de formación ubicado en Almonte (Huelva), así como la contratación de familiares suyos y los pagos realizados a los mismos. En concreto, en este proceso están acusadas otras tres personas, entre ellas el hijo de la ex directora, Manuel Ramírez Orihuela, y un sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela, a los que contrató en el consorcio, además de una persona que realizó servicios veterinarios, Juan Francisco Millán.

La ex gerente de Formades y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) Ana María Orihuela Espinosa, ha defendido que la dirección general de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía había "autorizado" que destinara 6.555,15 euros de las subvenciones recibidas para la realización de cursos a la compra de "regalos y caramelos” para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte de 2009, en la que había sido elegida para encarnar a la “reina” Melchor.

Sin embargo, el ex director de Formación ha señalado en su comparecencia que era la directora general la que "gestionaba el día a día del consorcio" y además de negar que se autorizara la contratación de trabajadores, ha añadido que no recuerda que se diera permiso tampoco para "subrogar" a los trabajadores de la empresa Doñana Ecuestre, que gestionaba previamente las instalaciones donde se implantó Formades.

Aunque el director general de Formación era además el presidente del consejo rector del consorcio Formades, el testigo ha indicado que correspondía a los funcionarios del servicio de Planificación y Análisis la revisión de la documentación que enviaba el consorcio para justificar el 75% de la subvención concedida, antes de proceder al abono del 25% restante. Y en este sentido, ha dicho que "confiaba plenamente" en los seis jefe de servicio de la dirección general, quienes "en ningún momento" le comunicaron irregularidades en los consorcios -que tenían un interventor y un secretario-, lo que hubiera supuesto que no se pagaran las subvenciones.

En el juicio también han declarado este jueves los dos directores generales de Formación que le sucedieron en el cargo y que han sido investigados en algunas de las piezas derivadas de las subvenciones a estos consorcios: Andrés Sánchez, que estuvo entre abril de 2010 y mayo de 2011, y Teresa Florido, de junio de 2011 a junio de 2012.

Andrés Sánchez ha afirmado en su declaración que detectaron que existía un número "alto de contratos menores" en Formades y ha dicho que "no estaba claro si estaba todo justificado", señalando que desde el consorcio le indicaron que no habían acudido a otros procedimientos -el negociado con publicidad o a la licitación de los servicios" porque había elementos de difícil previsión, como por ejemplo el numero de caballos, dado que unas veces había más y otras menos. En cualquier caso, el testigo, que ha negado que conociera la contratación del hijo de la gerente para el mantenimiento, ha dicho que lo que detectaron ese momento era una "mala praxis administrativa" pero no un "ilícito penal".

Teresa Florido "se hinchó" a hacer expedientes de reintegro

Por su parte, Teresa Florido ha insistido en que tras detectar "algo que no cuadraba" en las cuentas del consorcio, comenzaron a revisar todos los expedientes y fue entonces cuando los técnicos le dijeron que había que trasladar el asunto a la Fiscalía de Huelva para que determinara si se había producido algún delito.

Los técnicos que revisaron la documentación del consorcio, ha explicado Teresa Florido, detectaron "contratos menores irregulares", así como la contratación de los familiares de la gerente y un "gasto excesivo" en la compra de pienso para los animales.

La directora general de Formación se reunió entonces con Ana María Orihuela para cesarla ante las "sospechas" que tenían y decidieron poner el asunto en conocimiento de la Fiscalía porque "no le cuadraban las explicaciones" de la gerente, ha aseverado Florido, que ha recordado que incluso el interventor de Formades dimitió y ella se negó a firmar todo lo que "no estuviera fiscalizado por el interventor".

Florido también ha asegurado que durante su mandato comenzaron los expedientes de reintegro para la devolución de las subvenciones donde se habían detectado irregularidades. "Me hinché a hacer expedientes de reintegro porque hubo un tiempo sin competencias de formación, porque hubo elecciones, y nos dedicamos a revisar expedientes", ha subrayado la testigo, que ha recordado que la dirección general de Formación era la "segunda de mayor presupuesto de la Junta y tenía muy poco personal, además de tener una normativa extensa, dispersa y complicadísima".