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El Gobierno central cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Igualdad andaluza

  • El Ejecutivo discrepa de los conceptos de acoso sexual y lenguaje sexista incluidos en la reforma aprobada por el Parlamento en septiembre  

El salón de plenos del Parlamento, el día que se aprobó la reforma de la Ley de Igualdad. El salón de plenos del Parlamento, el día que se aprobó la reforma de la Ley de Igualdad.

El salón de plenos del Parlamento, el día que se aprobó la reforma de la Ley de Igualdad. / Efe

Foco del debate público durante semanas, debido a los interrogantes lanzados por VOX, es ahora el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha puesto en cuestión la Ley de Igualdad aprobada en el Parlamento de Andalucía antes de las elecciones. El Ejecutivo ha encontrado "discrepancias" tanto en los conceptos de "acoso sexual" y "lenguaje sexista" definidos en la norma andaluza como en el apartado que incluye el régimen de infracciones y sanciones.

Frente al conflicto entre ambas administraciones surgido a raíz de la reforma de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género --la última norma de la anterior legislatura aprobada en la Cámara andaluza--, el Gobierno central decidió "iniciar negociaciones" con la Junta y así evitar elevar un recurso al Tribunal Constitucional por la invasión de competencias exclusivas del Estado.

Con tal fin se creó un grupo de trabajo entre las dos administraciones, acordado el pasado 26 de diciembre, entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el el entonces vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática en funciones, Manuel Jiménez Barrios, según señala una resolución del departamento dirigido por Meritxell Batet y recogido por Europa Press.

La creación de este grupo de trabajo constituye un paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo central en caso de que ambas administraciones no alcancen un acuerdo sobre dichos apartados de la norma en los que mantienen "discrepancias".

Los representantes ministeriales y de la Junta, que afecta ahora a la cartera representada por la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, acordaron entonces "iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas" en relación con "los apartados 1 y 61 del artículo único" de dicha ley y "designar un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias la solución que proceda".

   

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