Sedes judiciales

Juan Marín tilda de "sangrado" el sistema de alquiler de las sedes judiciales

  • El vicepresidente de la Junta de Andalucía se compromete a poner fin al arrendamiento que supone un gasto 25 millones de euros anuales

Juan Marín Juan Marín

Juan Marín / Julio Muñoz/EFE

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El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, se ha comprometido a poner fin al arrendamiento de sedes judiciales y ha sostenido que el actual sistema supone un "sangrado" para las arcas públicas de más de 25 millones de euros anuales.

El también consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha anunciado en el Parlamento que la Junta de Andalucía va a poner fin al modelo de arrendamiento de sedes judiciales para ir paulatinamente adquiriendo sedes en propiedad.

"Hacer realidad el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla supondría un ahorro anual de 5,34 millones de euros, que podrían reinvertirse en mejorar las infraestructuras judiciales", según Marín, que ha añadido que el ahorro en Cádiz llegaría "a más de 800.000 euros".

El gasto anual en relación a los alquileres de oficinas judiciales asciende a 25.243.348,81 anuales, de esta cantidad la cuantía más importante corresponde a la que se abona por la Ciudad de la Justicia de Córdoba hasta el año 2042, momento en el que pasará a propiedad de la Junta de Andalucía, y que supone un montante de 10.439.819,48 anuales, ha explicado.

Para Juan Marín, estos 25 millones de euros suponen "un sangrado" para las arcas autonómicas, ya que la creación de nuevos juzgados que nunca dejan un margen de actuación superior a los 12 meses, conlleva tener que actuar de modo rápido y diligente, de manera -ha dicho- que no queda otra opción sino buscar nuevos inmuebles arrendados.

Por otro lado, se ha referido a la existencia de contratos de arrendamiento de décadas pasadas, con deficientes instalaciones (principalmente en materia de accesibilidad, contraincendios y climatización).

Esta situación provoca la necesidad de acometer obras de adecuación, adaptación, reformas y rehabilitaciones que "no se pueden acometer" por estar "vedado" el uso de fondos públicos en inmuebles de titularidad privada, ha precisado.

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