El Gobierno de la Junta tendrá que consignar en sus próximos presupuestos una cantidad que ronda los 214 millones de euros como resultado de sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable para la Administración autonómica. La mayor parte de este montante se deriva de un pleito con la constructora del Metro de Sevilla por los sobrecostes de la obra y que ha resultado en una obligación de pago de 166 millones de euros.

La Consejería de Fomento y Vivienda ya anunció a finales de 2018, cuando el PSOE estaba en el poder, que acataba la sentencia que obligaba a la Junta a pagar unos 160 millones de euros, pero ayer el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, reveló en el Pleno que la suma iba aumentando cada mes en 300.000 euros por el pago de intereses. El dirigente popular ha desgranado este miércoles en el Parlamento, a petición del PP, la cifra de 214 millones.

“Es un gasto imprevisto por las malas decisiones políticas del Gobierno anterior”, ha lamentado el titular de Presidencia, Interior y Administraciones Públicas. Además de los 166 millones del Metro de Sevilla, la Junta tendrá que pagar 30 millones de euros por pleitos relacionados con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, casi 14 millones de euros procedentes del Servicio Andaluz de Salud y algo más de un millón de euros de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Estos pagos son el último eslabón, es decir, son las sentencias que quedan por pagar, pero el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya anunció en su momento que entre 2016 y 2018 la Administración socialista tuvo que hacer frente a pagos de 548 millones por otras sentencias desfavorables. Destacan aquí especialmente el pago por el caso Nevada y algunos a las clínicas Pascual o a Red Eléctrica Española.

Bendodo ha reconocido además que no hay datos sobre las sentencias relacionadas con los entes instrumentales y los casos de personal. Ante esta situación, el gobierno de PP y Ciudadanos tiene previsto poner en marcha un “plan de choque” y crear una comisión interdepartamental con presencia de la Consejería de Hacienda, Fomento y Agricultura, que son las más afectadas por la situación. Del plan de choque, que no tiene presupuesto, se encargarán profesionales del gabinete jurídico que serán “reasignados” durante 18 meses para abordar la situación.

También se creará una oficina de responsabilidad patrimonial para unificar criterios y acciones de la Junta en esta materia. El objetivo, ha explicado Bendodo, es reducir la litigiosidad de la Administración, especialmente en aquellos proyectos de gran envergadura. De eso se encargará la comisión interdepartamental para, en la medida de lo posible, evitar que se llegue a juicio y se repita la situación. Según reveló el consejero de Presidencia, desde 2014 se han contabilizado 60.000 expedientes judiciales en el gabinete jurídico de la Junta.