Una orden en plena polémica. La Consejería de Educación y Deporte ha publicado este lunes en el BOJA la normativa con la que se abre el periodo para solicitar nuevos conciertos en Infantil, ESO, Bachillerato y FP, así como para la renovación de los que se encuentran vigentes. Un proceso que se anuncia cuando la ley Celaá, que intenta poner freno a este tipo de acuerdos, se ha convertido en un instrumento de batalla política entre el Gobierno central y la oposición, tras provocar una gran fractura en el seno de la comunidad educativa. 

El departamento que dirige Javier Imbroda ya informó la semana pasada de que esta orden saldría publicada antes de que acabara el año, ya que dicho proceso se abrirá en enero. Los únicos conciertos que no se renuevan ni se amplían en 2021 serán los de Primaria, puesto que su duración es de seis años. En el resto de etapas es de cuatro. 

Educación ya se apresuró a confirmar que dicha vigencia no se alargaría, como ha hecho la Comunidad de Madrid, que ha prolongado los conciertos educativos a diez años para evitar que la ley Celaá los perjudique. Es la segunda medida que Imbroda descarta, después de que tampoco contemplara el adelanto del proceso de escolarización, como aseguró el presidente del PP, Pablo Casado, que harían todas las autonomías gobernadas por su partido. Un distanciamiento que ha provocado cierta división dentro del Ejecutivo andaluz. 

Una ley que perjudica a la concertada

La reforma educativa concede prioridad a la enseñanza pública a la hora de configurar la oferta de escolarización, al garantizar la educación de todos los españoles en los centros que son titularidad de la administración. Este principio no supone, a priori, un cierre inmediato de aulas concertadas, aunque su aplicación, en el actual contexto de bajada de la natalidad, sí supondría que, a la hora de tener que ajustar el número de plazas al descenso de la demanda, las primeras unidades que se sacrificarían serían aquellas de titularidad privada. 

Las patronales, sindicatos, AMPA de la concertada -con el apoyo del PP y Cs- se han echado a la calle para protestar por la Lomloe, al considerar que merma el derecho a la libertad de elección de enseñanza que tienen las familias. La última protesta la protagonizaron el pasado domingo, con una movilización en coches. 

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en una entrevista concedida este lunes a Televisión Española, ha asegurado que la publicación de dicha orden no guarda relación alguna con la tramitación de la ley Celaá, sino "porque ahora tocaba", al concluir la vigencia de los acuerdos en las mencionadas etapas. Imbroda ha ahondado en que se "respetará" la reforma, aunque, eso sí, "matizándola" durante su desarrollo normativo autonómico en los principios que chocan con los de la política educativa de la Junta, que son fundamentalmente dos: la libertad de elección de los padres y la cultura del esfuerzo. 

Acuerdos en las etapas posobligatorias

La orden de los conciertos incluye, como ya anunció el consejero a principios de curso, la posibilidad de alcanzar dichos acuerdos con centros privados para unidades de FP y Bachillerato. En este sentido, la publicación del BOJA incide en que la prioridad son los ciclos formativos de grado medio "con altos índices de empleabilidad", un criterio que para algunas patronales ha creado más dudas que certezas, ya que la consejería no les ha explicado cómo medirán este parámetro. 

También se tendrá en cuenta la transformación de unidades concertadas de Bachillerato y FP con bajas tasas de empleabilidad en unidades de ciclos formativos que tengan alta demanda en el mercado laboral. A ello suman el cambio de unidades de Bachillerato para adaptarlas a la demanda del alumnado. En el caso del grado superior de FP, se concertarán nuevas unidades con alto nivel de inserción laboral y en centros que ya tengan concertado el grado medio de la misma familia profesional. De igual forma, la orden deja claro que la concertación del Bachillerato sólo se llevará a cabo (es la última prioridad de Educación) siempre que los centros tengan concertada la ESO e impartan la enseñanza posobligatoria a la entrada en vigor de esta normativa, por lo que se evita la especulación con estos acuerdos, extremo del que advirtieron algunos sindicatos. 

Otra de la modalidades que se incluye en en esta orden es la FP Básica, para la que los centros solicitantes deben tener (en este orden) concertada la ESO, contar con conciertos de FP de grado medio de la misma familia profesional e impartir dicha enseñanza en horario de mañana. En todo caso, se priorizará las solicitudes de los ciclos dirigidos a alumnos con necesidades educativas especiales. 

Con estos nuevos conciertos, Imbroda intenta mejorar la oferta pública de FP en Andalucía, que resulta deficiente ante el importante aumento de la demanda que han registrado estas enseñanzas los últimos cursos.