Ante la difusión del informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los centros de protección terapéuticos de menores en España, en el que se mencionan algunos casos relativos a Andalucía, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía aseguró ayer que los recursos de protección de la comunidad "garantizan el cumplimiento escrupuloso de los derechos que asisten a la infancia, tal y como establece la normativa internacional, estatal y regional".

La Junta recordó en un comunicado el informe del Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, en febrero sobre la situación de los centros de protección, en los que exceptuó a los tres visitados en la comunidad -La Granja II (Sevilla), Vado de los Bueyes (Córdoba) y Dulce Nombre de María (Málaga)- de posibles problemas. Hizo una valoración "general positiva, tanto en lo que respecta al estado de las instalaciones, como al tratamiento que los profesionales dispensan a los menores y a la opinión de éstos sobre su estancia en los centros", apuntaron desde la Junta.

Los menores de los tres centros andaluces entrevistados valoraron su estancia de forma "positiva, considerando su paso por estos centros como una segunda oportunidad y destacando el buen ambiente general".

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, consideró "exagerado" en algunos aspectos, el estudio, pidió "mayor rigurosidad" e instó a la ONG a denunciar en un juzgado de tener pruebas.