Andalucía

María Jesús Montero aspira a presentar la nueva financiación autonómica antes de 2021

  • La ministra de Hacienda se compromete a presentar en noviembre el esbozo del proyecto que reclamaba desde el Gobierno de la Junta y que incluirá una propuesta de armonización fiscal

María Jesús Montero en la comisión de Hacienda del Congreso. María Jesús Montero en la comisión de Hacienda del Congreso.

María Jesús Montero en la comisión de Hacienda del Congreso. / Fernando Alvarado

El segundo asalto por la reforma de la financiación autonómica toma impulso. María Jesús Montero ha aprovechado su comparecencia de este jueves en la comisión de Hacienda del Congreso para ponerle fecha a la propuesta del Ministerio para renovar el sistema de reparto de fondos estatales entre las comunidades.

Fue un compromiso la dirigente socialista se llevó de Andalucía cuando desembarcó en el Gobierno de Pedro Sánchez, pero fue el propio presidente quien mandó parar máquinas en la pasada legislatura. Con el fin del bloqueo institucional, Montero retoma su proyecto y se da hasta noviembre para ofrecer a las regiones un “primer esqueleto” del nuevo modelo de financiación autonómica.

La titular de Hacienda no parte de cero. El proceso para reformar el sistema se inició en 2017, con Mariano Rajoy todavía en La Moncloa. Comenzó entonces un trabajo técnico que no llegó a la discusión política. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró hace dos semanas se abordó dicho documento técnico, pero Montero tiene, además, otro texto a tener en cuenta para abordar esta reforma.

Se trata del acuerdo que ella misma impulsó como consejera andaluza de Hacienda hace ahora casi tres años. El informe fue el resultado de una estrecha colaboración entre el equipo de la ahora ministra y las portavoces de Podemos e IU en una suerte de preludio del actual Gobierno de coalición que cifró en 16.000 millones de euros la cantidad que había que sumar al sistema para repartirlo entre las distintas comunidades.

Sólo Ciudadanos se quedó fuera de aquel acuerdo, que calculó en 4.000 los millones que corresponderían a Andalucía en ese hipotético reparto. Entre las posibles fórmulas para hacer crecer la recaudación y permitir el aumento de los recursos, el documento proponía elevar los porcentajes de impuestos cedidos que llegan a las comunidades autónomas e, incluso, crear nuevas figuras impositivas. A pesar de sus reticencias, el PP se sumó al pacto, decisión que le permite ahora, desde San Telmo, airear la infrafinanciación de Andalucía para confrontar con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

Montero no ha hecho alusión alguna a dicho documento en su comparecencia de ayer en la comisión de Hacienda del Congreso. Tampoco ha hablado de cifras, pero sí ha habido coincidencias en las prioridades del modelo que quiere presentar en noviembre y en el acuerdo que ella misma impulsó desde Andalucía.

La ministra reconoció en todo momento que hay una necesidad de aumentar los recursos del sistema para que la financiación de la sanidad, la educación y la dependencia alcance, respectivamente, el 7%, el 5% y el 3% del PIB estatal. Por ese motivo es primordial calcular el coste real de la prestación de estos servicios públicos antes de decidir la fórmula para sufragarlos.

La financiación autonómica se regula a través de una ley orgánica que debe aprobarse en las Cortes, por lo que Montero no sólo necesita contentar a las regiones, sino alcanzar una mayoría suficiente en el Congreso. En el contexto político actual hace casi imposible conjugar los intereses de los distintos partidos, pero, sobre todo, de territorios como Cataluña. Esta realidad se hizo patente hace apenas dos semanas, cuando el CPFF se celebró sin el conseller catalán de Hacienda, el republicano Pere Aragonès.

El objetivo de Montero es compaginar la negociación entre partidos con las conversaciones con los territorios, que se enmarca en el mencionado órgano multilateral. En el CPFF se crearán tres comisiones de trabajo para sanidad, educación y servicios sociales, respectivamente.

“El actual modelo es complejo y poco transparente”, ha lamentado Montero, que ha insistido en la necesidad de que se garantice la igualdad de los servicios que se prestan a los ciudadanos al margen del lugar de residencia, asunto que también figura en el acuerdo del Parlamento andaluz.

La titular de Hacienda también quiere equilibrar los sistemas fiscales de las distintas regiones para evitar casos de dumping fiscal, es decir, situaciones de competencia generadas porque en una comunidad hay tipos impositivos más altos que en otra. Esta pretensión será, presumiblemente, otro motivo de confrontación que provocará roces entre el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos y el Ejecutivo central que comparten el PSOEy Unidas Podemos.

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