La cantidad transferida el viernes de la semana pasada por la Junta de Andalucía al juzgado que lleva la causa judicial del Nevada asciende a 168,2 millones de euros (168.258.258,33 euros). La sentencia favorable al empresario Tomás Olivo obligaba al pago de 165,6 millones de euros, pero la Administración andaluza ha tenido que sumar otros 2,6 millones más en concepto de intereses de demora, a razón de algo más de 13.600 euros diarios, desde la notificación de la sentencia firme, hace seis meses.

La Junta de Andalucía recibió el 13 de junio de 2018 una notificación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada que instaba a esta administración a que hiciera ya efectivo el pago de los 165,6 millones de euros que tenía que abonar al empresario del Centro Comercial Nevada como indemnización por los años en que estuvieron paralizadas las obras de este edificio, en la Vega granadina. A partir de ese momento, el reloj de los intereses de demora se puso en marcha. Cada día que pasaba, esta sentencia demoledora para las arcas públicas iba a costar un 3% más, calculado sobre la cantidad principal.

La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece en su artículo 106 que cuando la Administración sea condenada al pago de una cantidad líquida, a esa cifra “se añadirá el interés legal del dinero (desde 2016 hasta ahora se mantiene en un 3% anual), calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia”.

Aunque la cifra final abonada está lejos de los 25.000 euros diarios de intereses y de los 200 millones estimados como pago final de la sentencia que el Partido Popular ha reprochado al Gobierno de Susana Díaz durante la última campaña electoral, lo cierto es que la Junta ha tardado más de seis meses (191 días) en hacer efectivo el pago requerido por el juzgado granadino para abonar a Olivo el daño emergente y el lucro cesante de los años en los que la obra del Centro Nevada estuvo paralizada por orden judicial, pero a petición de la Junta de Andalucía, que denunció la supuesta ilegalidad de esa actuación urbanística.

La Administración andaluza ha tratado de eludir el pago de esa indemnización agotando todas las posibilidades legales, hasta el último rechazo del Tribunal Supremo, que en mayo de este mismo año declaró firme la sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

A partir de ese momento, aunque el Gobierno andaluz decidió apelar hasta el Tribunal Constitucional (cuya admisión a trámite está aún pendiente), la sentencia ya era firme y había obligación de hacer frente al pago.