La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto unas diligencias de investigación penal tras la denuncia de la Federación de  Servicios Públicos (FeSP) de UGT por varios lotes de mascarillas defectuosas, caducadas o sin verificar que se han distribuido en la  comunidad autónoma.

Fuentes de la Fiscalía informan a este periódico de que la denuncia ha quedado registrada y ahora se turnará a un fiscal para que lleve a cabo las diligencias necesarias.

En su denuncia, UGT daba cuenta de diferentes casos que “demuestran una gestión nefasta de la Consejería de Salud” en relación al reparto de mascarillas contra el coronavirus, tales como unidades en mal estado, otras 100.000 donadas sin verificar y unas entregadas al Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía con fecha de caducidad de 2014.

Desde FeSP “consideramos que es necesario que se investigue si ha existido algún tipo de dejadez en el control de los Equipos de Protección Individual (EPI) que se han hecho llegar a los profesionales, o si se ha cometido algún tipo de irregularidad”, dijo entonces el sindicato.

UGT atribuyó a esas  actuaciones el hecho de que “sean 7.575 profesionales afectados, de una u otra forma, por el coronavirus en nuestra comunidad, y que 2.096 trabajadores y trabajadoras estén de baja”.

Todas estas actuaciones, según la denuncia presentada ante Ana Tárrago, fiscal superior andaluza, han supuesto "no solo la puesta en riesgo de la salud de los profesionales sanitarios sino que también han podido determinar contagios entre dicho personal ante la seguridad de que los medios de protección entregados habían sido testados por las autoridades competentes".

En su denuncia, UGT consideraba “llamativo que la fecha de caducidad de esas mascarillas quirúrgicas se encontraba tachada, como puede comprobarse en los videos difundidos en las redes sociales".Junto al reparto de mascarillas caducadas, la denuncia refería a otros hechos ocurridos durante la pandemia “que ponen en grave peligro la integridad física de los profesionales sanitarios“.Así, el 29 de abril la Junta de Andalucía tuvo que retirar 36.350 unidades defectuosas que ya se habían distribuido y que habían sido compradas por el Servicio Andaluz de Salud a través de las plataformas provinciales de compra.En este último caso, esas mascarillas ya habían sido puestas a disposición de los profesionales sanitarios de hospitales de Cádiz, Córdoba, Granada y Málaga.En cuanto a las mascarillas donadas a título particular,  según informes de prensa, se habían entregado a varios hospitales, lo que determinó que el Servicio Andaluz de Salud tuviera que investigar cuántos sanitarios las habían utilizado y ordenar su retirada.

Para UGT Andalucía, si la Consejería de Salud no toma las medidas necesarias, “un ente independiente como es la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía tendrá que decidir”.