Varios jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Málaga reciben gratificaciones mensuales de hasta 1.202 euros al comprometerse a cumplir con el objetivo de resolver un determinado número de sentencias en materia de extranjería y en recursos de apelación, según acordó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a mediados del pasado mes de septiembre.

Según consta en el expediente de este plan, se trata de una medida de autorrefuerzo interno que aprobó la Comisión Permanente del CGPJ y que este mismo órgano prevé revisar hoy, a iniciativa del vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, al encontrarse entre los magistrados comisionados uno que no está en activo y otra que no solicitó ser beneficiaria de esta medida.

En septiembre, el CGPJ aprobó que Joaquín García, Fernando de la Torre, Manuel López Angulo, María Teresa Gómez, María Rosario Cardenal, Eduardo Hinojosa, José Ángel Castillo, Pablo Vargas y José Baena percibirían una gratificación mensual de 750 euros si cumplían el objetivo de que cada uno de ellos dictase 15 sentencias más al mes. En total serían 720 sentencias adicionales al cumplimiento del módulo ordinario. Esas 15 sentencias por cada magistrado suponen un 50% sobre el volumen de trabajo asignado a cada uno de ellos.

También se aprobó que los magistrados Antonio Jesús Pérez, Tomás Cobo, Guillermo del Pino y María Fernanda Mirman recibirían 1.202 euros al mes y dietas y gastos de locomoción si cada uno cumplía con el objetivo de resolver 20 sentencias más -también en materia de extranjería y en recursos de apelación- al mes, lo que supone un 66,6% del módulo personal de cada magistrado.

Dos meses después la comisión permanente revisará el acuerdo al haber recibido una comunicación del presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, en el que pide la exclusión de dicho acuerdo de José Ángel Castillo, ya inactivo, y de María Fernanda Mirmán, que no solicitó la medida. La aplicación y desarrollo de esta medida de refuerzo, que tiene una duración de seis meses desde el 1 de septiembre, está supervisada por el Servicio de Inspección del CGPJ y para ello, la Sala del Gobierno del TSJA deberá informar a la Comisión Permanente, a través del Servicio de Inspección y con periodicidad mensual, sobre la efectividad de la medida de refuerzo y sobre la evolución del órgano.