La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio concedió hasta el pasado 31 de octubre un total de 10.616 calificaciones provisionales deVPO, tanto en régimen de venta como en alquiler, lo que representa un grado de ejecución del 75,8% de los compromisos adquiridos con el nuevo Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012, que establece en 14.000 los inmuebles protegidos a calificar a lo largo del presente año.

La Consejería que dirige Juan Espadas, ante las críticas recibidas en los últimos días a la redacción del anteproyecto de la Ley de Vivienda, especificó que "la norma no contempla en ningún caso que ayuntamientos deban costear las ayudas y acciones".

Además, fuentes de este departamento indicaron que en el artículo 25 del anteproyecto de ley establece que la acción particular ante los tribunales para reclamar el acceso a una VPO no sólo puede ejecutarse contra los ayuntamientos, sino también contra la Junta, ya que aparece en la redacción como responsable de la promoción de la política de vivienda "las administraciones públicas".

La vicesecretaria de Relación con las Organizaciones Sociales del PP-A, Alicia Martínez, consideró ayer que el proyecto de ley supone que en materia de vivienda se traslade toda la responsabilidad a los ayuntamientos, sin que estos se cuenten con más medidas económicas.

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, se sumó a esta crítica y afirmó que la ley que prepara la Junta tiene como objetivo "salvar a los promotores", además, consideró "imposible" que los municipios puedan asumir los costes que ésta representará.