Vox ha reformulado su petición de información sobre los trabajadores de la violencia de género. No sólo la ha modificado para que pase el filtro de los letrados del Parlamento, sino que además la ha ampliado para incluir trabajadores dedicados a los conflictos por la tutela de menores e, incluso, a equipos que investigan abusos sexuales.

Los letrados del Parlamento rechazaron su primer intento, argumentando que la petición infringía la ley de protección de datos. Inicialmente, querían obtener los nombres de los médicos, psicólogos y trabajadores sociales de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.

No pudieron conseguirlos, pero el pasado 4 de marzo registraron hasta tres solicitudes en la Cámara donde inciden en su petición, pero sin los nombres de estos trabajadores. Sin embargo, amplían las entidades sobre las que ponen el punto de mira.

En las nuevas propuestas, firmadas por Francisco Serrano, presidente del grupo y abogado especializado en familias, solicitan el número de médicos, psicólogos, trabajadores sociales “y cualquier otro interlocutor” que trabajan en las mencionadas unidades de violencia de género, pero también en los Equipos Psicosociales de Familia y en los Equipos de Menores implicados en procesos de tutelas de menores entre los años 2012 y 2019.

Vox quiere saber su tipo de vinculación profesional con la Administración, si son funcionarios, interinos, personal laboral o de contratación externa de la Junta, así como su situación detallada en los colegios profesionales a los que pertenecen.

Solicitan la misma información sobre los empleados que desempeñan su labor en la Asociación Andaluza de Defensa de la Infancia y Prevención del maltrato infantil (Adima) y su Equipo de Evaluación e Investigación de casos de abuso sexual (Eicas), en ambos casos contratados por la consejería de Igualdad y “haciendo destacar sobremanera” a quienes hayan tenido relación con los juzgados de Familia, de Menores o de Violencia contra la Mujer.

Finalmente, Vox extiende su solicitud a los mismos trabajadores empleados en Taxo Valoración, la compañía adjudicataria de los servicios de peritaciones judiciales entre 2012 y 2019. Se trata de una entidad integrada dentro del grupo Tinsa.