Violencia de género

La Junta recaba datos de los psicólogos y trabajadores sociales de los juzgados

  • Da 15 días para alegar a quienes no quieran divulgar sus datos

  • El sindicato USTEA critica que los trabajadores sean usados en “dimes y diretes políticos”

Manuel Gavira y Francisco Serrano en el parlamento Manuel Gavira y Francisco Serrano en el parlamento

Manuel Gavira y Francisco Serrano en el parlamento

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El Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla ha empezado a recabar, a petición de la Junta, los datos de colegiación de los psicólogos y trabajadores sociales que trabajan en los juzgados de Familia, Menores y en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG). 

En otro proceso paralelo, la Junta se ha dirigido personalmente  a cada uno de los trabajadores de esas unidades y les ha dado quince días para alegar a la petición de un ciudadano que se acoge a la  Ley de Transparencia para reclamar los mismos datos personales de los funcionarios que la Mesa del parlamento denegó a Vox

Los afectados van a movilizarse y esta semana mantendrán una reunión con la Junta para conocer el alcance de la investigación. 

Por su parte, el sindicato USTEA, que asesora a los trabajadores, critica que se esté metiendo a los psicólogos y trabajadores sociales en los “dimes y diretes políticos” y se les pida que aleguen cuando el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, dijo claramente en el parlamento que son  aspectos amparados por la Ley de Protección de Datos y no podían ser facilitados a Vox.

Fuentes de USTEA informan a este periódico de que este proceso de averiguación sólo se ha puesto en marcha en Sevilla y no en otras provincias andaluzas. El Instituto de Medicina Legal  ha empezado a preguntar a los psicólogos y trabajadores sociales si están colegiados,  número de afiliación y antigüedad. Los profesionales  sobre los que se va a indagar son una quincena de psicólogos, otros tantos trabajadores sociales y los cuatro educadores de los juzgados de Menores.

El IML no va a informar sobre la colegiación de los médicos forenses porque ese colectivo depende del Ministerio de Justicia y no de la Junta. 

En cambio, sí que informará sobre los trabajadores de Taxo, una empresa privada con quien la Junta tiene externalizados los peritajes de violencia de género en toda la provincia de Sevilla.

Al mismo tiempo, el sindicato USTEA informa a este periódico de un proceso paralelo en el que la Junta ha dado a estos trabajadores un plazo de 15 días para exponer sus alegaciones a la petición de un particular que se declara afectado y que reclama los mismos datos personales que pedía Vox y que fueron rechazados en el parlamento.

Según USTEA, la Junta les ha hecho saber que los datos personales no se divulgarán si el trabajador se opone. Por ello, el sindicato no entienden por qué se da este trámite de audiencia a los afectados si el propio vicepresidente de la Junta aseguró en el parlamento que la Ley de Protección de Datos impedía divulgarlos. 

Hay un fuerte malestar entre los profesionales, que se ven sometidos a una presión política, cuestionados en su trabajo diario y que no pueden trabajar con tranquilidad”, afirman desde el sindicato. "Si el trabajador cumplía en su día los requisitos para ser contratado, no entendemos que se les meta ahora en medio de un pulso entre los partidos. Esto es lo que nos preocupa”.

El sindicato aconseja a los afectados que se opongan a la divulgación de sus datos, que están protegidos por la ley, y que “la Administración resuelva ella misma sus problemas”. 

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