Desde que empezó la XI Legislatura, el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene como objetivo acelerar la liquidación efectiva de la red de entes públicos conocida como la administración paralela. Tal propósito vertebra uno de los ejes principales de los acuerdos entre PP y Ciudadanos y de éstos con Vox, su socio parlamentario.

Hasta la fecha, sin embargo, aparte de los anuncios y las proclamaciones, el sector público instrumental de la Junta ha sido sometido apenas a un proceso auditor. Y, aunque se esperan más exámenes para 2020, la Junta ha declarado a través de su portavoz, Elías Bendodo, que adelantará varios resultados.

Aparte pues de los anuncios y de las proclamaciones aireadas después de las reuniones del Consejo de Gobierno, nada consta sobre el cierre definitivo de los entes públicos, nada excepto lo que incluyen los varios presupuestos que la Consejería de Hacienda ha publicado durante este año. Y, si bien el Presupuesto de 2019 incluía una aportación de 4,5 millones de euros para liquidar tres consorcios de la Consejería de Empleo –Formades, Forman y el CTI de San Fernando–, la realidad de las cuentas ha sido otra bien distinta.

Transferencias al SAS

De esos 4,5 millones de gasto programados para el ejercicio de 2019 aún en curso, la Consejería de Empleo ha decidido transferir 3,5 millones en una modificación de créditos destinada a los sueldos del personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una variación presupuestaria aprobada el 24 de septiembre.

El Presupuesto de 2020 planea otros 4 millones para liquidar los citados consorcios de Empleo, posponiéndose el empeño. Habrá que comprobar, en cualquier caso, si la Junta es capaz de llevar a cabo la liquidación efectiva de dichos entes o habrá nuevas necesidades que impidan el comprometido reajuste de la administración instrumental de la Junta.

Además de atender gastos sobrevenidos, como los aflorados en el SAS, la postergación de la liquidación de entes de la administración paralela responde al enorme embrollo administrativo y judicial provocado a raíz de la clausura de estas entidades y las tentativas de despedir a sus trabajadores.

Pagos en años anteriores

Pese a que la Junta ha abonado más de 80 millones de euros en 2016, 2017 y 2018, el gasto de 2019 va a ser sustancialmente menor en el capítulo correspondiente a la liquidación de los consorcios de la Consejería de Empleo, cuya aportación no pasará finalmente de un millón a la finalización del presente ejercicio. En 2020 cabe esperarse que Dios provea.

El consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible de Almonte (Formades), el consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga (Forman), ubicado en el PTA malagueño, y el consorcio Centro de Formación en Técnicas Industriales de San Fernando (CTI) integran la red de 14 centros-escuelas de Formación Profesional para el Empleo creadas en 2002, entidades que contaban con la financiación mixta de la Junta y de las entidades locales.

Su objetivo era crear un "modelo formativo de excelencia" que mejorara la inserción laboral de los jóvenes y la "generación de empleo de calidad". Tras un informe demoledor de la Cámara de Cuentas, difundido en 2014, los tres consorcios de Empleo reseñados fueron disueltos. Sin embargo, como sucede con la red de Utedlt (Unidades Territoriales de Desarrollo Local y Tecnológico), aún están a la espera de su definitiva liquidación, que, como mínimo, no se producirá hasta 2020.