La aprobación del Presupuesto muta en un debate electoral de sanidad

Ha sido una sesión en la Cámara andaluza, la más importante del año porque se escruta a dónde va a ir a parar el dinero público de los andaluces en el año 2026, pero perfectamente se podía haber confundido con un debate electoral de las próximas elecciones autonómicas. Es más, los equipos de los principales partidos ya no tienen que elaborar un programa electoral o un argumentario político. Porque sus señorías lo han desarrollado en toda su extensión en la larga jornada en la Cámara andaluza. Eso y más de un meme que ya circulaba por las redes como el que contraponía a María Jesús Montero, en blanco y negro y con la palabra “parálisis”, con Juanma Moreno, a todo color y “presupuesto récord”.

El debate de totalidad del Presupuesto de la Junta para 2026 sorteó las cuatro propuestas de devolución de las cuentas presentadas por todos los grupos de la oposición merced a la mayoría absoluta del Gobierno de Juanma Moreno. Ahora se debatirán las enmiendas parciales en las correspondientes comisiones y se aprobará a principios de diciembre para que entre en vigor el 1 de enero de 2026.

El principal argumento político del Gobierno andaluz es la “estabilidad, la confianza de los mercados y la recaudación robusta” que recoge el Presupuesto para 2026. Serán las últimas de la legislatura y podrían ser las primeras de la siguiente si el próximo Ejecutivo andaluz no contase con mayoría suficiente en la Cámara y tuviese que prorrogarlas, tal y como está sucediendo en el Gobierno de España.

La consejera de Hacienda, Carolina España, ha defendido su proyecto de presupuestos destacando la buena situación de la economía andaluza. Ocho de cada diez empresas creadas en todo el país el año pasado fueron andaluzas, la inversión extranjera creció un 40,6% en 2024 con respecto al año anterior, las exportaciones crecen casi 8.148,5 millones más cada año en los últimos seis años, “y todo ello con bajadas de impuestos durante todos los años de la legislatura”. Un presupuesto con un 5,6% de crecimiento, que destina 2 de cada 3 euros a políticas sociales, que invierte en Sanidad, Educación y Dependencia “como nunca antes se había hecho”. “51.597,9 millones que van a ser útiles, que van a ejecutarse y que van a llegar a cada andaluz que lo necesite. Eso es gestión, eso es responsabilidad, eso es gobernar”, defendía en su primera intervención.

Claro que el debate presupuestario sólo se produjo, y a ratos, entre la consejera de Hacienda, Carolina España, y la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, porque con el resto de los grupos políticos, la discusión se centró en la sanidad.

O, para ser más precisos, en los datos que muestran o niegan la privatización de la sanidad pública andaluza, el principal argumento desplegado por los tres partidos de izquierdas en la Cámara. Y las portavoces de PSOE, Alicia Murillo, y de Por Andalucía, Inma Nieto, coincidieron al señalar que el Proyecto de Ley que ha llegado al Parlamento, “desmiente una a una todas las promesas y todos los anuncios” realizados por el Gobierno en torno a la crisis de los cribados y la reforma del SAS anunciada por Juanma Moreno como respuesta a la misma.

La consejera de Hacienda defendía lo contrario, un presupuesto de sanidad de 16.265,9 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% respecto a 2025 (1.016,3 millones más en términos absolutos). Es el 31,5% del presupuesto total de la Junta, con 130.000 profesionales sanitarios, 30.000 más que en 2018. “El gasto sanitario por habitante alcanza los 1.887 euros, un 61% más respecto a 2018, es decir, destinamos 716 euros más a cada ciudadano”, argumentaba Carolina España en varias ocasiones durante la tarde. “Todo lo demás son bulos y mentiras”, repetía también la consejera ante las críticas, esta sí unánimes de los cuatro grupos de la oposición, de que la sanidad no funciona.

La portavoz socialista insistía además en que a Andalucía está llegando más dinero que nunca del Gobierno central (durante su intervención mostró varias gráficas comparando el gasto de los gobiernos del PSOE y los del PP en la Junta) y se refería a las denuncias de la Asociación Amama. “Una asociación que ha dicho que está ‘muy a gusto’ con Montero y que acusa a la Junta de ‘violencia institucional’”, decía Carolina España.

Claro que la censura a la política sanitaria también llegaba de Vox cuyo portavoz, Manuel Gavira, hablaba directamente de votos. “Están ustedes ya en campaña”, le decía la consejera de Hacienda, “¿y qué malo tiene? ustedes tienen a los medios públicos y nosotros tenemos que ir haciendo las cosas con tiempo”, se sinceraba Manuel Gavira. “Se van a llevar una sorpresa en las urnas”.

Junto a las consignas políticas, Inma Nieto desgranó varias páginas del Presupuesto, citándolas expresamente, “hay 1.075.445 andaluces cuyas pruebas médicas las van a realizar los centros concertados” y eso también es privatización. Los argumentos de la oposición se cerraban con la Adelante Andalucía, “uno de cada cuatro andaluces tiene un seguro privado”, afirmó su portavoz, Begoña Iza.

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