El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se modifica el reglamento de asistencia jurídica gratuita de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, con el objetivo de agilizar los pagos a los abogados y procuradores que prestan este servicio en Andalucía.

Según ha detallado en rueda de prensa el vicepresidente y responsable de este área, Juan Marín, se trata de una "reivindicación" del sector que desde el primer momento fue uno de los objetivos del Gobierno para "poner en valor los servicios de diez mil profesionales de la asistencia jurídica gratuita.

Ha indicado que lo primero era "mejorar sus condiciones y las remuneraciones en tiempo y forma" y ha destacado que hasta ahora no había ninguna garantía de cobro y que llegó a haber un retraso de más de un año en la legislatura anterior, que ahora se ha reducido a 62 días y con este decreto se quedará en 45.

"Serán treinta días los que tarden los colegios en presentar la certificación y quince los que tarde la Junta en pagar", ha precisado, para añadir que ese era el objetivo marcado por el Gobierno y los profesionales y que "a partir de hoy hay garantía de cobro, mientras hasta ahora dependía de la voluntad política".

Ha precisado que lo "importante" era que se contemplara que ningún profesional se quedara sin cobrar siempre que su colegio presentara "en tiempo y forma" la certificación, de forma que ahora, si alguna necesita una subsanación, cobrarán el resto de los profesionales y los de ese colegio lo harán cuando se subsane.

La reforma está dirigida a agilizar esos pagos tanto por las actuaciones profesionales realizadas en el turno de guardia para atender a la persona investigada o detenida como por las actividades realizadas para la defensa y representación gratuitas en el turno de oficio, así como por el coste que genera a los colegios profesionales el funcionamiento de este servicio.

Se modifican los trámites necesarios para la autorización y disposición del gasto, con objeto de permitir la tramitación separada de las actuaciones que hayan sido verificadas de conformidad y de aquellas que vayan siendo subsanadas.

Además, se modifica el artículo que condiciona la compensación económica a los colegios profesionales por el funcionamiento del servicio a la tramitación conjunta de las certificaciones trimestrales presentadas.

Esta simplificación del procedimiento, que según la Junta "no resta ni merma las garantías de su control o fiscalización previos", permite agilizar la gestión y tendrá como consecuencia una disminución en los tiempos de abono de las diferentes compensaciones económicas.

Además se separa y simplifica la determinación de los módulos y bases que son utilizados para calcular la compensación que corresponde a los profesionales por las actuaciones realizadas, por lo que pasaran a tener consideración como acto administrativo.

Por último, se modifica y se establece en el 8 % el límite máximo para el cálculo de la compensación económica que reciben los colegios profesionales por los gastos de funcionamiento de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, en línea con el incremento dispuesto en las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los últimos ejercicios.

La aplicación del nuevo reglamento en el sistema de pagos entrará en vigor tras la publicación en el BOJA, lo que permitirá abonar el segundo trimestre de este año con estas nuevas pautas.