La localidad alpujarreña de Órgiva es uno de los focos de atención tras el caso de presuntos abusos a menores cometidos por un grupo de sacerdotes, y no tanto por los hechos en sí, sino por la investigación paralela que se ha abierto para vislumbrar la procedencia de los bienes y la base económica de la supuesta red. La herencia que una vecina de Órgiva donó a un grupo de sacerdotes podría ser el origen (o parte de él) del dinero que se invirtió en casi una veintena de inmuebles repartidos por la provincia,lugares donde se pudieron haber cometido los hechos denunciados.

Granada Hoy ha tenido acceso al testamento en el que la entonces farmacéutica orgiveña, María del Rosario Muñoz Morillas, al carecer de descendencia, dejó antes de fallecer casi todos sus bienes, valorados en tres millones de euros (además de tres pisos y varias cocheras en Órgiva y dos pisos en Granada), a un grupo de sacerdotes, dos de los cuales fueron nombrados albaceas de su fortuna (J.C.M.M y F.J.C.M), coincidiendo el nombre de ambos con los implicados en la presunta trama, y siendo detenido por ello uno de ellos.

La herencia suscitó gran polémica, sobre todo entre la familia, que asegura que "los curas convencieron a doña María para que la herencia acabara en su poder". Según la familia, el testamento "llegó a modificarse hasta en tres ocasiones". En 2008 falleció la anciana y desde entonces nada más se supo del destino de la herencia. El caso de los presuntos abusos sexuales que pudieron haber cometido estos sacerdotes ha abierto de nuevo el debate y la incógnita de si lo heredado tiene que ver con la financiación de esta presunta red de pederastas.

La familia, aprovechando las circunstancias, pretende recurrir el testamento ante los tribunales para que se aclare, entre otras cosas, si se cumplió con la voluntad de doña María. Para ello recaban asesoramiento para ver las opciones que tienen. Se trata de dos cuñados de la anciana y de cuatro sobrinos que fueron nombrados herederos en el testamento original que había redactado el marido de la fallecida, en 1990, y en el que les legaba varios inmuebles. Posteriormente el documento sufrió varias modificaciones en los años 92, 96 y 2002 aunque sin variar el destino de la herencia. Todo hasta que el entonces nuevo párroco de Órgiva tomo contacto con la anciana, hasta ahí todo bien pero, según argumenta Salvador Álvarez, sobrino de la anciana y uno de los herederos de la familia, "María poco a poco dejó de tener contacto con nosotros, los sacerdotes nos impedían el acceso a ella tanto en persona como por teléfono, ellos controlaban quienes la llamaban e incluso siempre nos decían que no podía atendernos y, por supuesto, nunca accedieron a negociar el testamento" en el que finalmente dos curas habían sido nombrados albaceas.

Salvador añade que desde un principio sospechaban de que "estos curas no eran trigo limpio por las formas de hacer las cosas". Por tanto, la lucha de la familia ahora es conseguir "que quede limpio el nombre de mis tíos, callar los comentarios que hubo en su día de ciertas personas cercanas a la iglesia y exigir que se cumpla lo que está estipulado en el testamento".

De los dos sacerdotes, quien acreditó ante el notario la muerte de la mujer fue uno de los ahora detenidos como presunto autor de los abusos. La familia habla de que la mujer "pudo haber sufrido coacciones" o, al menos, haber sido "engañada" por parte de los curas.

Los vecinos en su día tuvieron la esperanza de que parte de la herencia de doña María se destinase a una residencia de mayores y a obras benéficas, tal y como en un principio era la intención. Aunque la herencia no pasó directamente a los sacerdotes, el documento sí los nombraba albaceas con plenos poderes de reparto para los fines que estimaran convenientes.

Se da la circunstancia de que la mayoría de sacerdotes implicados en la supuesta trama de abusos sexuales han pertenecido o realizado labores eclesiásticas durante algún tiempo en pueblos de la Alpujarra.