Han transcurrido trece días desde que el lunes 17 de diciembre una patrulla del Seprona de la Guardia Civil localizara el cuerpo sin vida de la profesora Laura Luelmo entre las jaras del paraje campillero de La Mimbrera y su familia todavía no ha podido trasladarla a Zamora para incinerarla. Por este motivo, la abogada que representa los intereses de los Luelmo, Patricia Catalina, ha solicitado que se agilicen "todos los trámites burocráticos y judiciales posibles para que la incineración" se lleve a efecto, declaró ayer a Huelva Información.

Lo lógico es que, a estas alturas, el traslado de los restos mortales de Laura a Zamora -donde reside su familia- se realice con la máxima celeridad, al objeto de que los suyos "puedan descansar de una vez y comenzar el duelo". Llevan ya demasiados días lejos de su tierra, sin poder cerrar esta parte del capítulo más amargo de sus vidas.

"Precisamente por eso lo que necesitamos ya es que se autorice su incineración", subraya la letrada del despacho Castellana 266 Abogados.

Catalina entiende que "ya no es necesario recabar más pruebas biológicas". Todas ellas se tomaron cuando se le practicó la autopsia, por lo que no habría por qué mantener a la familia Luelmo en una situación tan dolorosa, ni siquiera para esperar a que lleguen los resultados de los análisis complementarios que deberán aportar los expertos del Instituto Nacional de Toxicología a los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Huelva para que elaboren el informe definitivo de la autopsia.

"Es necesario que se agilice toda la burocracia porque el duelo no se puede comenzar hasta que no tengan a Laura con ellos, hasta que no puedan velarla", argumenta la jurista.

La intención de Patricia Catalina y su equipo es "intentar que la instrucción" que se lleva a cabo en el Juzgado Mixto 1 de Valverde del Camino "sea lo más rápida posible, que se dilate en el tiempo lo menos posible". No obstante, avanza que se practicarán diligencias judiciales a partir de ahora que contribuyan a esclarecer las circunstancias en las que el autor confeso de la muerte violenta de Laura, Bernardo Montoya, llevó a cabo el crimen de El Campillo.

Como avanzó este periódico, el investigado espetó en la sala ya en la madrugada del sábado 22 de diciembre –cuando terminó de declarar ante la juez instructora– la frase "métanme en prisión porque, si no, lo volveré a hacer". Preguntada por esta aseveración, Patricia Catalina subraya que "él, lamentablemente, es el claro ejemplo de que la prisión permanente revisable no puede ser derogada en ningún caso: es estrictamente constitucional y tiene que estar vigente para que sujetos como este no salgan en libertad".

La letrada tiene claro que Bernardo Montoya "no puede ser resocializado, no puede reinsertarse en la sociedad, porque él mismo así lo ha confesado y lo ha dicho en una sala en la que yo estaba presente, que lo volverá a hacer".

Los expertos consultados por este diario consideran que tal manifestación responde una estrategia del autor confeso del crimen para que se le aplique una eximente y se le interne en una prisión psiquiátrica. Durante su declaración en sede judicial también llegó a decir que es toxicómano, de modo que busca la atenuante pese a que ya no está enganchado a las drogas.

"Hay que tomar medidas desde arriba", dice Catalina refiriéndose al Tribunal Constitucional, en cuyas manos está ahora decidir si la prisión permanente revisable tiene o no cabida en nuestro ordenamiento jurídico. "Esto hay que tomárselo muy en serio porque la prisión permanente revisable es muy necesaria", concluye.

Entretanto, Bernardo Montoya pasa hoy su tercera jornada en una celda de aislamiento de la prisión Sevilla II, en Morón de la Frontera, adonde fue trasladado a las 16:15 del pasado viernes por motivos de seguridad.

Instituciones Penitenciarias ordenó el cambio de centro ante la inseguridad que se vive en la Enfermería del penal de Huelva, donde estuvo interno el investigado desde que el día 22 la juez ordenó su ingreso en la cárcel por los delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual de Laura. El sindicato Acaip evidenció al respecto que la baja de la mitad de la plantilla sanitaria tras la intoxicación con metadona ha convertido el módulo "en un verdadero polvorín de consecuencias imprevisibles".