El galimatías jurídico producido por la exclusión de los ex altos cargos que fueron enjuiciados en el primer juicio de los ERE, el del denominado "procedimiento específico" por el que se concedían las ayudas, ha marcado el arranque del tercer juicio de los ERE, en el que se sienta en el banquillo de los acusados el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas que por importe de más de 8 millones de euros recibieron las empresas vinculadas al corcho de la Sierra Norte de Sevilla.

Ha sido precisamente la defensa del ex alcalde, que ejerce el letrado Adolfo Cuéllar, quien ha planteado como cuestión previa al inicio de la vista oral en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso debido y a la seguridad jurídica por la "indefinición que se plantea" por parte de las acusaciones en relación con los hechos de los que se le acusa, por cuanto en este proceso se juzga a cinco personas como "cooperadores necesarios" de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pero no se enjuician los posibles delitos cometidos por quienes eran los funcionarios públicos que concedieron las ayudas. Así, Cuéllar ha citado al ex director de Trabajo Javier Guerrero, ya fallecidos, y a los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, quienes fueron excluidos de este juicio por haber sido ya enjuiciados en el primer juicio, que está actualmente pendiente de la sentencia que dicte el Tribunal Supremo.

Es el eterno galimatías de la macrocausa de los ERE sobre si se pueden enjuiciar a los beneficiarios de las ayudas sin que se juzgue a los concedentes de las mismas. Se trata además de la primera vez que sucede, puesto que en el primero sólo fueron enjuiciados los ex altos cargos de la Junta, y en el segundo, la Audiencia de Sevilla, no aceptó la exclusión de los políticos y juzgó y condenó a varios de ellos por las ayudas a Acyco, como el ex consejero Antonio Fernández.

La defensa del ex alcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla ha dicho en este sentido que empieza a "resultar extraño" que se diga que los autores principales de los delitos no pueden ser enjuiciados porque ya han sido juzgados en el "procedimiento específico", un proceso del que, ha dicho, su cliente "no ha tenido ninguna noticia" y todo ello cuando, ha añadido, el fiscal y las acusaciones "entienden insólitamente" que no se ha enjuiciado a los beneficiarios en el procedimiento principales.

El defensor ha recordado que la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla en enero pasado señala que es "prácticamente inviable enjuiciar a los extraneus sin los intraneus" (los beneficiarios sin los concedentes), por cuanto se llegaría un "efecto perverso de juzgar sólo a los extraneus sin los intraneus", y así el letrado ha agregado que en este caso se va a juzgar "un supuesto procedimiento ilegal sin que los autores estén aquí" y sin que haya además una "sentencia firme" sobre el juicio a los ex altos cargos.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones que ejercen la Junta de Andalucía y el Partido Popular se han opuesto a esta cuestión previa. La fiscal Nazaret Salguero ha defendido que el objeto de este proceso está delimitado por los escritos de acusación y el auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado, señalando que los hechos recogidos en las conclusiones de la acusación pública "son claros", por lo que descarta que se le haya producido indefensión a los acusados.

Sobre el hecho de que en este juicio no sean enjuiciados las autoridades que concedieron las ayudas ha sido que se trata de una "imposibilidad sobrevenida" atribuible a la "doctrina" de la exclusión de los ex altos cargos fijada por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla -que se encarga de resolver todos los recursos derivados de la macrocausa de los ERE-, y ha recordado diversas resoluciones dictadas por las otras secciones de la Audiencia que han celebrado ya juicios de los ERE en las que se pone de manifiesto que "no hay identidad de hechos y objeto" entre las cuestiones tratadas en el juicio a los ex altos cargos y las otras piezas individuales de las ayudas, donde no se analizan cuestiones como la utilización de las transferencias del financiación, la ausencia de fiscalización previa o la existencia de un desfase presupuestario.

Por su parte, la letrada de la Junta de Andalucía, Victoria Gálvez, ha coincidido con la postura de la Fiscalía y ha sobrado que hay "reiterados pronunciamientos" del Tribunal Supremo en los que se avala que no hay ningún obstáculo para juzgar a los beneficiarios e incluso se admite la condena del cooperador necesario.

La situación "calamitosa" de Borbolla

El letrado Adolfo Cuéllar también se ha referido en su intervención a que esta causa se inició en el año 2012, cuando fue citado a declarar como investigado y ha lamentado el "daño reputacional" que se le ha causado al ex alcalde, además de que su situación económica y personal es "calamitosa", ante la imposibilidad de tener dinero o acercarse a un banco, ha señalado.

Tras el planteamiento de la cuestión previa, el fiscal y las demás acusaciones tienen ahora que responder a la misma.

Los acusados en el tercer juicio de los ERE por las ayudas a las empresas del corcho.

En este nuevo juicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, ex alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; y un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.

Interrogatorios de los acusados al final del juicio

Las defensas de los cinco acusados también han solicitado que la declaración de los acusados se produzca al final de la vista oral, una vez que se practiquen la declaración de los testigos y de otras pruebas, una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía y las acusaciones. Este mismo tribunal ya accedió el año pasado a alterar el orden de la práctica de las pruebas con ocasión de la celebración del tercer juicio de Invercaria, por lo que es muy probable que en esta ocasión también lo acepte.

El abogado del ex alcalde de Cazalla de la Sierra también ha pedido que declare como testigo la persona que redactó el plan industrial del corcho, todo ello para contextualizar la situación de la Sierra Norte de Sevilla con respecto a esta industria, dado que, según ha precisado el letrado, la Guardia Civil refiere en su atestado que había unos "intereses políticos", de personas pertenecientes a un determinado partido político -en alusión al PSOE- como la "causa por la que se concedían estas ayudas", cuando la defensa sostiene que en realidad las mismas se encardinaban en la existencia de ese plan de industrialización que incluía la posibilidad de que se crearan empresas del corcho para la "creación de mayor riqueza y empleo" en la zona.

Por su parte, el abogado Jaime Ramírez, que representa a otro de los acusados, Fernando Pedro Moreira Oliveira, ha planteado que la competencia para determinar la responsabilidad civil de este proceso corresponde al Tribunal de Cuentas, donde también se abrió un proceso de responsabilidad contable que está a la espera del resultado de la vía penal. La Fiscalía y las acusaciones se han opuesto, alegando que existe una doctrina muy consolidadas que admite la compatibilidad de las jurisdicciones contable y penal.

El juicio se reanudará mañana cuando el tribunal resolverá oralmente las cuestiones previas y adaptará el cronograma de las distintas sesiones que están prevista que se celebren entre los meses de abril y mayo. En principio están previstas 23 sesiones, con lo cual este juicio terminará después de que tenga lugar la vista en el Tribunal Supremo por el juicio de los 19 ex altos cargos y a la espera de la decisión que el Alto Tribunal pueda adoptar en relación con ese primer juicio, cuyo fallo puede incidir incluso en las más de un centenar de piezas que todavía deben ser enjuiciadas.