El juicio que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha acogido desde el pasado 1 de febrero por las presuntas irregularidades en el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) ha quedado visto para sentencia tras el uso de la última palabra de los cuatro acusados por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados por la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas que recibió este consorcio de Almonte.

En el uso de su derecho a la última palabra, la ex gerente de Formades, Ana María Orihuela, ha recordado al tribunal que ella solo tenía un cargo político y que se "fiaba" de los profesionales que tenía en los diferentes departamentos porque "sólo tenía potestad para proponer". "Jamás me puso un reparo ni el presidente ni los secretarios generales ni el interventor y no di ni un paso sin que lo supieran", añadió.  

Lamentó ante el tribunal que, desde hace ocho años, tiene en su pueblo "el sello de ladrona, y ahora el de reina y hasta el de hermanita de la Caridad". Tras dar las gracias al tribunal, a la auxiliar y a las defensas, y aludir a la "ironía" del fiscal a la hora de preguntar, afirmó sentirse responsable del resto de los acusados: "Que están aquí por mí". Y aseguró que desde que dejó el consorcio, después de cobrar el paro, está recibiendo la ayuda "de los 400 euros" y que vive gracias a los familiares. "No tengo casa ni coche desde que salí de Formades", confesó.

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de seis años de cárcel para Ana María Orihuela, a la que atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que a los otros tres procesados les pide una condena de dos años y seis meses de prisión a cada uno. En concepto de indemnizaciones, solicita que Ana María Orihuela indemnice a la Junta de Andalucía con 1.320.850 euros y los otros acusados con las cantidades que percibieron por su relación con el consorcio..