Andalucía

Los grafitis se tramitarán como delito penal con cárcel de uno a tres años

  • La pintada en un convento de Granada inspira un decreto del fiscal superior andaluz que pide coordinación para perseguir estas infracciones contra la Ley de Patrimonio

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Aviso a navegantes: aunque hasta ahora sólo quedan en sanciones administrativas, la realización de un grafiti sobre un edificio o monumento protegido es un delito penal y, como tal, puede ser sancionado con penas de cárcel, para lo que debe ser denunciado. Ésta es la lectura que se hace del decreto que el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, hizo público ayer. En este documento de seis folios, el experto en Patrimonio insta a las fiscalías de las ocho provincias y a las autoridades competentes a coordinarse para denunciar, perseguir y registrar estadísticamente los grafitis sobre monumentos o edificaciones que sean Bienes de Interés Cultural o que dispongan de protección provisional al haberse incoado ya el expediente para la protección de los mismos.

Y lo hace porque, según recuerda en el primero de los tres fundamentos que aporta, los grafitis pueden ser constitutivos de posibles delitos de daño al Patrimonio Histórico Español, que están 'castigados con penas de prisión de uno a tres años y multas de 12 a 24 meses, además de la posible restauración del bien dañado con cargo al autor de la infracción, todo ello al margen de las responsabilidades civiles que puedan existir'.

Indicios de un posible delito de este tipo es el que contempla el Ministerio Público en el caso de la pintada del Monasterio de Santa Isabel la Real, en el barrio de Albaicín de Granada, raíz de la incoación de las diligencias informativas que de oficio ha hecho públicas García Calderón. El caso ocurrió el pasado 19 de noviembre, cuando la Policía Local sorprendió por la noche a dos grafiteros pintando en las paredes del convento -fundado en 1501 por Isabel la Católica y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)-, lo que les valió dos multas de 3.000 euros a cada uno bajo la aplicación de la Ordenanza de la Convivencia.

Sobre este asunto, el fiscal superior, Jesús García Calderón, considera que el grafiti realizado, por su 'enorme tamaño, 'puede superar la idea de un simple deslucimiento' que afecta al edificio histórico, ubicado además en este barrio granadino, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

'Aunque el muro en el que se ha realizado el grafiti sea de construcción más reciente, podría ampararse dentro del entorno de protección que fija la ley y ello no sólo por la regulación administrativa, sino porque constituye un extraordinario y gravísimo ejemplo de contaminación visual de un entorno urbano (...)', asegura.

Pero, tal y como explica, el asunto se encuentra en el Juzgado de Instrucción 4 y, de oficio. Lo que García Calderón pide es que haya coordinación entre las fiscalías provinciales y las autoridades para establecer criterios comunes en la lucha contra los grafitis.

Por ello, acuerda poner en conocimiento de las Jefaturas de Fiscalía este decreto para que en aquellas provincias en las que hayan sido detectadas situaciones como la descrita 'puedan ser conocidas' por la Fiscalía Superior e impartirse, siempre bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado a través de la coordinación en materia de Patrimonio Histórico'.

Al tratarse de una materia sometida al principio de especialización funcional del Ministerio Fiscal, también da traslado del decreto al fiscal de sala coordinador en materia de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico de la Fiscalía General del Estado para que tenga conocimiento de la iniciativa, y pueda llevar a cabo las instrucciones que estime pertinentes. También propone que sea enviado a las Fiscalías de Menores.

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