Los honorarios de los abogados de los ERE

La defensa de Magdalena Álvarez reclama una minuta de 255.000 euros

  • La Junta acepta pagar más de 83.000 euros para los gastos de defensa y reduce a sólo 161,85 euros los 15.286,84 euros que se pedían por la actuación del procurador.

Magdalena Álvarez, con su abogado, Rafael Alcácer.

Magdalena Álvarez, con su abogado, Rafael Alcácer.

La defensa de la ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez reclama a la Administración autonómica el pago de una minuta que ascendía a 255.286,84 euros para satisfacer los honorarios de su abogado y procurador, así como los derivados del informe pericial realizado con motivo de su enjuiciamiento en la pieza política de la macrocausa de los ERE.

El bufete Oliva-Ayala, que representa a la ex ministra, había solicitado el pago de 240.000 euros por los honorarios relativos a la fase de instrucción y la celebración del juicio por el denominado procedimiento específico de los ERE, que se prolongó durante 155 sesiones; mientras que los gastos del procurador habían sido tasados por la defensa en otros 15.286,84 euros. En total, reclamaba esos 255.286,84 euros.

Un informe técnico del gabinete jurídico de la Junta, al que ha tenido acceso este periódico, considera no obstante que esa minuta "no resulta ajustada en su totalidad" a los criterios orientativos de honorarios profesionales del Colegio de Abogados de Sevilla, por lo que en su lugar estima que el importe correspondiente a las actuaciones profesionales del letrado asciende a 83.418,33 euros (IVA incluido), cantidad que acepta pagar la Junta a la defensa de Magdalena Álvarez.

En el caso del procurador, el gabinete jurídico rechaza el pago de los 15.286,84 euros que se solicitan y, en su lugar, reduce a sólo 161,85 euros (IVA incluido) el importe de los "aranceles y gastos suplidos de aplicación". Sobre estos honorarios, el informe detalla que los emolumentos de los procuradores están regulados en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales, y lo reduce a esa mínima cantidad porque entiende no se ha acreditado la obtención y autorización de "78.125 copias [de las actuaciones] por las que se facturaban 12.500 euros".

De los 240.000 euros reclamados por la defensa de la ex ministra de Fomento, 30.000 euros se correspondían con las actuaciones del letrado en la fase de instrucción, desde la imputación en 2013 de Magdalena Álvarez en la macrocausa hasta las dos declaraciones que prestó en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Por la denominada "fase intermedia" del procedimiento, en la que se incluía el estudio del auto de procedimiento abreviado y de los escritos de conclusiones de las acusaciones, así como la elaboración de varios recursos y del escrito de defensa, solicitaba otros 30.000 euros.

El mayor importe de la minuta, por el año de juicio

El mayor importe de los honorarios (180.000 euros), se corresponde precisamente con el desarrollo del juicio oral, con asistencia a las 155 sesiones de la vista oral y la preparación de los diversos interrogatorios de los acusados, testigos y peritos que comparecieron en el juicio celebrado entre el 13 de diciembre de 2017 y el 17 de diciembre de 2018.

Para la cuantificación de los honorarios, la defensa establecía una ratio de 240 euros por hora de trabajo, pero el gabinete jurídico concluye en su dictamen que asignar un precio por hora "no es el método empleado" por los criterios orientativos de honorarios del Colegio de Abogados de Sevilla a la hora de valorar las actuaciones profesionales de los letrados. No obstante, el informe analiza hasta 25 actuaciones profesionales del letrado, de las cuales considera que 20 de ellas sí pueden ser baremables conforme a esos criterios, de ahí que llegue a esa conclusión respecto a la minuta que entiende adecuada.

En el informe, que tiene carácter facultativo y "no vinculante", el gabinete jurídico recuerda que una orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 2016 reconoce "el derecho de carácter eventual al abono de los honorarios por representación y defensa de abogado y procurador", por lo que el pago de estos honorarios debe realizarse "conforme a criterios objetivos, como es el caso de los baremos orientativos de honorarios aprobados por el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y del Arancel de derechos de los procuradores de los tribunales vigente".

De acuerdo con estos baremos, el informe contempla pagos de entre 300 y 420 euros por la elaboración de recursos de reforma y apelación, así como un pago de 3.600 euros por la elaboración del escrito de defensa de Magdalena Álvarez, y de 46.200 euros por la intervención en las 155 sesiones de la vista oral. En total, el informe valora las actuaciones procesales en 83.418,33 euros, incluidos gastos justificados de desplazamiento y dietas de los abogados y del perito, y el 21% de IVA.

El informe está actualmente en un plazo concedido para que la defensa de Magdalena Álvarez pueda formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

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