Andalucía

El juez archiva la investigación por las amenazas de muerte a la magistrada María Núñez Bolaños

  • La Policía no ha detectado huellas en la carta en la que se amenazaba a la juez con pegarle "un tiro en la nuca"

La juez María Núñez Bolaños. La juez María Núñez Bolaños.

La juez María Núñez Bolaños. / antonio pizarro

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, ha archivado la investigación abierta por las amenazas de muerte que recibió la magistrada María Núñez Bolaños, que instruye varias macrocausas, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. El archivo de la investigación se ha producido después de que la Policía Nacional investigara la carta anónima recibida por la instructora de los ERE y no se haya podido detectar ninguna huella que pueda conducir a la localización y detención del autor de las amenazas, añadieron las mismas fuentes.

La carta fue recibida en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado 4 de enero y en la misma se criticaba los supuestos "favores" a los socialistas en las investigaciones en las que hay imputados responsables políticos de la Junta, llegando a preguntarle el anónimo a la juez si prefería "un tiro en la nuca o la cadena perpetua".

Alertados ante el contenido de las amenazas vertidas a la titular del juzgado, los funcionarios pusieron en conocimiento del juzgado de guardia los hechos. La denuncia correspondió al juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que abrió unas diligencias previas para esclarecer los hechos y tratar de localizar al sospechoso de estas amenazas.

La Brigada de Información se hizo cargo de las pesquisas, comenzando por el rastreo de la carta, que estaba sellada en Madrid. De forma paralela, la Policía se puso en contacto con la juez Bolaños para ofrecerle algún tipo de protección para garantizar su seguridad personal, aunque en ningún momento se barajó en este caso la posibilidad de brindarle a la juez un servicio de escolta.

La única magistrada de Sevilla que sigue disponiendo de una medida de escolta es la juez Mercedes Alaya, a la que se le puso dos policías y un coche oficial el 16 de octubre de 2013, después de que fuera insultada e increpada a su llegada a los juzgados de Sevilla por un grupo de personas que protestaban por la detención de unos sindicalistas en el marco de una operación de los ERE. En septiembre de 2016, la Dirección General de la Policía redujo de dos persona a una sola la escolta a Alaya por la disminución del nivel de riesgo de la magistrada, ahora apartada de las macrocausas y destinada en la Audiencia de Sevilla. Alaya disfruta de esta protección desde hace ya más de cuatro años.

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