La paradoja a resolver: casas sin gente y gente sin casas
No es suficiente con que haya casas disponibles en el mercado. El verdadero obstáculo es que muchas personas no tienen los ingresos para comprar o alquilar estas viviendas
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EL acceso a una vivienda se ha vuelto un problema cada vez más complicado en nuestro país. La mayoría de las veces se escucha que la solución pasa por construir más casas, ya que la falta de oferta sería la razón principal de que mucha gente no pueda encontrar un lugar donde vivir. La idea es que, si hay más casas disponibles, los precios bajarían y más personas podrían permitirse una. Sin embargo, este enfoque simplifica demasiado la situación y no toma en cuenta varios aspectos importantes.
En España, según los datos más recientes, hay alrededor de 27 millones de viviendas, mientras que el número de hogares no supera los 19 millones. Es decir, hay casi 1,5 viviendas por cada hogar. A pesar de esto, millones de personas, sobre todo los jóvenes, no pueden acceder a una vivienda. Este desequilibrio demuestra que no se trata solo de cuántas casas hay, sino de cómo están distribuidas y quiénes pueden acceder a ellas.
Un ejemplo claro de esta contradicción es que, aunque existen 3,8 millones de casas vacías en el país (según el Censo de 2023), de las cuales un 20% están en edificios que no tienen ni 20 años, se siguen construyendo más viviendas. A pesar de esto, el Banco de España señala que hay que construir 600.000 viviendas más, mientras que hay unas 450.000 recién construidas que no se han vendido. Estas políticas enfocadas en aumentar la oferta pasan por alto algo crucial: el problema no es solo cuántas casas hay, sino quién puede pagarlas.
En otras palabras, no es suficiente que haya casas disponibles en el mercado. El verdadero obstáculo es que muchas personas no tienen los ingresos suficientes para comprarlas o alquilarlas. Y aquí es donde entra el funcionamiento del mercado. Hoy en día, las viviendas no se distribuyen según las necesidades de la gente, sino según la capacidad de pagar. El mercado inmobiliario se mueve por la lógica del beneficio, no por la idea de cubrir las necesidades de vivienda de quienes más lo necesitan, sino para generar ganancias de quienes pueden pagarlas.
Este problema se ha agravado con la entrada de grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario. Estos fondos poseen más de 30.000 viviendas en España y su objetivo principal es maximizar sus beneficios, lo que hace que los precios de compra y alquiler se disparen artificialmente. Además, utilizan tecnología avanzada, como la inteligencia artificial, para ajustar las transacciones a su favor, lo que dificulta aún más que las personas de bajos ingresos accedan a una vivienda. Estos fondos no solo acaparan viviendas, sino que también manipulan los precios del mercado.
El hecho de que la vivienda se vea cada vez más como una inversión y no como una necesidad básica ha distorsionado su propósito original. Esta especulación hace que los precios suban de manera desproporcionada, alejándose de lo que la mayoría de la población puede pagar con sus salarios.
El problema de fondo es que falta una visión completa y reguladora. No basta con construir más viviendas, que también; hace falta repensar cómo se gestionan para que el mercado no sea el único que dicte las reglas. Para resolver esta crisis, es importante reconocer que la vivienda es un derecho, no un lujo. Esto significa que las políticas públicas deben garantizar que las viviendas sean accesibles para todos, limitando el impacto del capital especulativo y recordando que tener un hogar es una necesidad social, no un bien para enriquecerse.
En resumen, solucionar el problema de la vivienda requiere que el Estado intervenga de forma clara en el mercado. No se trata solo de cuántas casas se construyen, sino de regular sus precios y su distribución, para que todos puedan tener acceso a una vivienda digna. Solo así podremos cambiar la situación actual y resolver de manera justa la crisis de la vivienda que afecta a tantas personas. Y solo así se podrá cumplir con el artículo 47 de la Constitución, que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos deben garantizar que este derecho se cumpla.
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