Macrocausas

La política en las macrocausas

  • La decisión de la Junta de apoyar el archivo de una causa de Alaya reabre el debate sobre la judicialización de la política y el ejercicio de las acusaciones

Mercedes Alaya Mercedes Alaya

Mercedes Alaya

La determinación de la Junta de Andalucía de apoyar el archivo de una macrocausa que en su día abrió la juez Mercedes Alaya, para investigar a la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por la concesión de avales y préstamos, ha reabierto el debate sobre la judicialización de la política, sobre todo, porque la petición de sobreseimiento de la Administración andaluza ahora gobernada por el Partido Popular y Ciudadanos contrasta con la postura que tiene en el mismo asunto el propio PP, que ejerce la acusación popular en este mismo proceso y que se ha opuesto al archivo, además de atribuir a la actual instructora, María Núñez Bolaños, graves delitos de desobediencia a la audiencia, prevaricación y retardo malicioso en la Administración de Justicia.

Después de que este periódico publicase esta semana la noticia de la adhesión de la Junta a la solicitud de archivo que han planteado a la instructora la defensa de varios de los ex altos cargos investigados en la macrocausa de los avales, el Gobierno andaluz intentó solventar la contradicción interna que supone que desde la Administración pidan el archivo y como acusación particular, omitiendo o silenciando esa petición de archivo.

La Junta pidió el archivo porque han desaparecido los indicios del delito

Tanto en un comunicado oficial difundido por Oficina de Comunicación como en una intervención del consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, se hacía referencia a la segunda parte de la petición del gabinete jurídico de la Junta, que ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños la apertura de nuevas diligencias para investigar si un grupo de empresas que recibieron avales han podido incurrir en un delito de fraude de subvenciones. Pero se silenciaba que la acusación particular de la Junta había pedido a la juez el archivo porque entiende que habían desaparecido los indicios que llevaron a abrir la investigación.

La cuestión no es baladí, porque esta macrocausa se abrió para investigar la “actuación aparentemente fraudulenta” del IFA/IDEA en la concesión de ayudas a empresas “bajo el paraguas formal de avales, préstamos, y garantía de préstamos”, según reflejaba en su día el auto dictado en enero de 2014 por la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Esta macrocausa se inició a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la investigación del caso de los ERE fraudulentos, y Mercedes Alaya justificó la apertura de la misma ante los indicios de “serias irregularidades” en relación con los “numerosos acuerdos” relativos al otorgamiento de ayudas excepcionales a empresas en crisis a través de figuras como los “préstamos, ayudas en garantías sobre préstamos, y avales en garantía de préstamos de las entidades financieras”.

Este diseño inicial de la investigación por parte de Alaya aventuraba una nueva macrocausa que algunas fuentes no dudaban en apuntar en aquel momento que podría ser incluso más voluminosa que la de los ERE fraudulentos –cuyas piezas separadas siguen en la actualidad instruyéndose ocho años después de incoarse la denominada causa matriz–, pero la llegada de María Núñez Bolaños supuso un cambio radical en la forma de dirigir el juzgado y en la instrucción de las macrocausas.

Simultaneidad de ayudas de los ERE con ayudas de salvamento o reestructuración

Tras analizar los hechos, la juez Bolaños decidió acotar la investigación de los avales y préstamos a sólo 18 empresas, en un auto dictado el 2 de marzo de 2016, en el que la magistrada reclamó a la agencia IDEA únicamente la entrega de los expedientes de las empresas que pudieron “simultanear” las ayudas sociolaborales o a empresas investigadas en los ERE con ayudas públicas de “salvamento o reestructuración” a través de avales o préstamos que concedía la propia IDEA en virtud de las competencias delegadas por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Las 18 empresas a las que se limitó la investigación son las siguientes: A Novo Comlink España, Aglomerados Morell, Atarazana de Constantina, Bética Industrial, Cooperativa Panificadora de Cristo Obrero, Corchos y Tapones, Farebus, Hytasal, Industrias auxiliares Marteñas, Insersola, Matadero de la Sierra Morena, Pickman, Piensos andaluces compuestos, Saldauto, Scafa, Sociedad cooperativa industrial de Confección (Scoin), Tartesos Car y Tendencias Ferrera.

Alaya imputó al ex consejero Martín Soler y otros altos cargos antes de irse a la Audiencia

A algunas de estas sociedades investigadas ni siquiera se les llegó a conceder el aval después de haberse iniciado la tramitación del mismo, como ocurrió con el caso de Atarazana de Constantina.

Antes de marcharse a la Audiencia de Sevilla, Mercedes Alaya dictó un nuevo auto en el que imputó en esta macrocausa al ex consejero de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler; al ex viceconsejero Jesús María Rodríguez; al ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete; y al que fuera secretario general de la Consejería Juan Francisco Sánchez García. La juez investigaba entonces delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, es decir, las mismas infracciones penales que se han investigado en el caso de los ERE fraudulentos.

El ex consejero de Innovación Martín Soler y su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, una de las defensas que han pedido el archivo. El ex consejero de Innovación Martín Soler y su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, una de las defensas que han pedido el archivo.

El ex consejero de Innovación Martín Soler y su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, una de las defensas que han pedido el archivo. / josé ángel garcía

La decisión del gabinete jurídico de la Junta de apoyar el archivo de esta causa es relevante porque viene a desmontar esta macrocausa de Alaya. La Junta –que con anterioridad ya pidió el archivo de la pieza política de los ERE, por la que han sido enjuiciados los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– está exculpando, con la petición de archivo, al ex consejero mencionado y a los otros ex altos cargos investigados.

Se desmonta de esta forma la macrocausa que abrió la juez Mercedes Alaya en enero de 2014 y que puede acabar con otro carpetazo si la juez Bolaños acepta los argumentos de las defensas y de la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía.

La Junta varía el foco de las irregularidades al pedir que se investigue un fraude en las ayudas

Y esto podría suceder, evidentemente, porque no debe olvidarse que la Junta es en este macroproceso y en otros la parte perjudicada por el delito que se investiga, la víctima de un supuesto menoscabo de los fondos públicos. Pero al solicitar el archivo de la macrocausa de los avales y préstamos, se está variando de manera sustancial el foco de las supuestas irregularidades: ya no se investiga la actuación de la agencia IDEA como entidad que concedía estos avales y préstamos, sino que la presunta responsabilidad se traslada a las empresas que solicitaron esas ayudas y que, según la Junta, podrían haber incurrido en un delito de fraude de subvenciones.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en su intervención esta semana en el Parlamento, defendió precisamente que el Gobierno andaluz está comprometido en perseguir cualquier indicio de delito y recuperar el dinero defraudado. Bendodo aseguró que el Ejecutivo autonómico es “extremadamente respetuoso con la Justicia y con el ordenamiento jurídico”, lo que a su juicio no ha impedido que trabaje ya para tratar de “recuperar el dinero malgastado en procesos judiciales que se abordan en la actualidad en juzgados de la comunidad”.

El titular de Presidencia se refirió en concreto al caso de los ERE fraudulentos y al de los avales vinculados a la agencia IDEA, y añadió sobre la posición de la Junta que lo que se ha pedido al juzgado es que “investigue el núcleo del fraude”, según la versión ofrecida por el consejero.

Bendodo explicó que el Gobierno andaluz centrará sus esfuerzos en “casos en los que se puedan depurar responsabilidades, dejando a un lado los que no son objeto de la investigación” judicial, un “criterio que sigue la línea de la Fiscalía y que coincide con el interés general de los andaluces”, aseveró Bendodo, si bien en el caso de los avales la postura de la Junta no coincide con la del Ministerio Público, que se opone al archivo de la macrocausa.

Se trata, según Bendodo, de investigar “el fraude de manera ágil” y en aquellos casos en los que se pueda recuperar el dinero “supuestamente malgastado por la falta de controles que pudiera ser achacable a anteriores gobiernos socialistas”.

También dijo Elías Bendodo en el Parlamento que se han respetado en todo momento las recomendaciones del gabinete jurídico de la Junta relativas a cualquiera de las causa judiciales en las que la Administración regional está personada, pero no deja de resultar paradójico que la Junta de Andalucía que lidera Juanma Moreno solicite el archivo de una macrocausa en la que también está personado como acusación popular el propio PP, quien en cambio reclama todo lo contrario que el Gobierno: que la investigación judicial continúe en los términos en los que está planteada.

En cualquier caso, destaca la independencia del gabinete jurídico de la Junta que, con dos partidos de signo contrario, ha solicitado ya el archivo de dos macrocausas. La Junta, que está personada en las distintas macrocausas como acusación particular desde hace ya más de ocho años, ha realizado también una importante labor para recuperar el dinero supuestamente empleado de forma irregular en el pago de las ayudas de los ERE, con los distintos procedimientos que ha entablado ante el Tribunal de Cuentas. En total, se han dictado ya una docena de sentencias en esta jurisdicción contable, en las que varios ex altos cargos de la Consejería de Empleo y algunas de las empresas han sido condenados a reintegrar a las arcas públicas más de diez millones de euros.

Se trata de una labor desarrollada por el gabinete jurídico que ha conseguido que se declare el menoscabo de fondos públicos y se ordene la devolución del dinero. Desde que el caso de los ERE llegó a la jurisdicción contable, son al menos 12 las resoluciones del Tribunal de Cuentas que han condenado a distintos ex altos cargos de la Consejería de Empleo a devolver los importes de las ayudas relacionadas con el pago de las subvenciones de los ERE.

La juez Bolaños. La juez Bolaños.

La juez Bolaños. / EP

La última sentencia publicada por el Alto Tribunal es la que condenó a los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez a reintegrar 800.000 euros por las ayudas a la Fundación San Telmo, pero antes Guerrero también fue condenado a devolver 875.000 euros de la ayuda a SCAFA.

Otra sentencia es la de Nature Pack Minas de Río Tinto, que condenó a otro ex director general de Trabajo, Juan Márquez, a devolver 1,2 millones de euros. En la docena de sentencias dictadas, la Sección de Enjuiciamiento del Alto Tribunal estima que se ha producido un menoscabo de fondos públicos por un importe global de más de 10,1 millones, cantidad de las que han declarado responsables contables directos a los ex directores de Trabajo y a las empresas beneficiarias de las ayudas.

En septiembre de 2018, el ex director de Trabajo Juan Márquez fue condenado a reintegrar 446.339,62 euros por las ayudas a los ex trabajadores de la Faja Pirítica, y en mayo fueron condenados Juan Márquez y su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera, a devolver otros 5.684.074,50 euros. Con anterioridad, Rivera y la empresa Consyproan fueron condenados a devolver 286.952,60 euros. En otras cuatro resoluciones, Juan Márquez fue condenado a pagar 1,2 millones por las ayudas a Calderinox, Saldauto, Nueva Lima y Valeo Iluminación.

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