El sector primario copa la pugna entre partidos en los primeros compases del año electoral. A la tormenta desatada por las palabras sobre el sector cárnico de Alberto Garzón -y su posterior rifirrafe político- se suma ahora la propuesta de PP, Cs y Vox para revisar el plan de regadíos de los territorios que circundan Doñana. De fondo, la cercanía de las elecciones en Castilla y León, cuyo resultado no es extrapolable a lo que ocurra después en Andalucía, pero sí será un buen termómetro. Además, se trata de una comunidad donde el sector ganadero tiene mucho peso, lo que alimenta la hoguera provocada después de la entrevista del Ministro de Consumo en un medio británico. 

No son dos asuntos directamente relacionados, pero sí afectan al sector primario, que está cobrando cada vez más importancia en este año electoral. En este contexto hay que tener en cuenta una pugna soterrada entre casi todos los partidos en un intento por convertirse en los defensores de agricultores y ganaderos. Así se entienden las visitas de Macarena Olona y Teodoro García Egea -aunque acabó entrando por videoconferencia- a localidades como Almonte, donde el agro tiene un peso económico muy importante. Pero también hay que enmarcar en esta estrategia la propuesta de Ciudadanos para que el Parlamento autonómico repruebe a Alberto Garzón o la proposición no de ley de apoyo al sector ganadero que Vox ha anunciado en la tarde de este miércoles. 

La polémica de las macrogranjas es relevante en Andalucía, pero lo es mucho más la generada por la gestión de los recursos hídricos de Doñana y sus alrededores. El entorno del espacio natural es una zona de alta producción de frutos rojos que tienen en la fresa a su paradigma. El peso de la agricultura en la economía de Huelva triplica al peso que tiene el agro en el PIB estatal, dato que figura en la exposición de motivos de la proposición de ley que PP, Ciudadanos y Vox han registrado para mejorar la situación de las zonas de regadío de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.

Lo que el texto propone es, básicamente, recalificar suelo para que pase de agrícola y forestal a agrícola de regadío en una superficie que alcanza las 1.600 hectáreas. Según los tres partidos proponentes el objetivo es evitar la ruina para una serie de agricultores que no están amparados en el plan de la corona norte forestal de Doñana y, por lo tanto, no tienen acceso al agua para regar sus cultivos. No obstante, la concesión de derechos de agua no corresponde a la Junta, sino a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La entidad que preside Joaquín Páez ha criticado la "deslealtad" institucional de esta propuesta, que es irrealizable sin el concurso de esta entidad, dependiente del Estado, y sin el acuerdo entre las administraciones, ya que las infraestructuras y los trasvases de los que depende la dotación de agua para las hectáreas a legalizar competen al Estado y la Junta de forma conjunta. 

El problema es que esta propuesta normativa afecta a una zona donde la sequía que arrecia en la comunidad tiene unos efectos mayores, si cabe. El espacio natural de Doñana se nutre de un enorme acuífero que, desde hace año y medio, tiene la calificación de "sobreexplotado", ya que el agua de ese depósito subterráneo también sirve para regar a determinados agricultores que extraen agua de forma ilegal por medio de pozos ilegales que las administraciones se afanan en cerrar desde hace años. 

La tesis de PP, Cs y Vox es que el nuevo plan no afecta a Doñana, sino que viene a acabar con el "desamparo jurídico" de los agricultores con "derechos históricos" que están fuera del plan de la corona norte, aprobado en 2014. El riego, explicó el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, será con agua "superficial" y no afectará al acuífero de Doñana. Los portavoces de Cs y Vox se pronuciaron de forma similar y reclamaron que no se "criminalice" a los agricultores por la actividad que desarrollan en el entorno de Doñana, y han denunciado la "demagogia" de la izquierda.

La tesis de Unidas Podemos y Adelante Andalucía es opuesta, ya que consideran que lo que busca la proposición de ley es "legalizar" las 1.460 hectáreas que se quedaron fuera del acuerdo de 2014. La diputada no adscrita y portavoz de Adelante Teresa Rodríguez ha calificado de "barrabasada" el texto registrado por PP, Cs y Vox. Rodríguez ha comparecido acompañada por el dirigente de WWF Felipe Fuentelsaz, organización que ya criticó la medida el martes, entre otras razones, por la falta de diálogo que achacan a los partidos proponentes. 

El Gobierno central también se ha pronunciado al respecto, por medio del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que considera que la norma pondría en "riesgo" la credibilidad del sector agrícola, que es "exportador", así como "la clasificación del parque como Patrimonio de la Humanidad". Morán ha puesto el foco en la vigilancia europea, que fue uno de los motivos que llevó en 2014 a alcanzar el acuerdo de la corona norte porque "los mercados europeos ponían el veto a una producción que ponía a su vez en riesgo la sostenibilidad ambiental del terreno". 

El PSOE andaluz, que hasta ahora no se había pronunciado, ha solicitado afrontar el asunto con "seriedad", según ha defendido su portavoz en la Cámara, Ángeles Férriz. La diputada jiennense ha reclamado que el problema de los regadíos se aborde sin provocar enfrentamientos. "No se puede utilizar a la gente por interés electoral", ha dicho en una crítica velada a PP, Cs y Vox. Fuentes socialistas explican que el PSOE analizará la propuesta y no descarta apoyar su tramitación, pero ha reclamado diálogo no sólo con los agricultores, sino también con ecologistas y con los órganos de participación de Doñana.