El cambio fiscal en Andalucía ha venido a avivar aún más la polémica existente con la política educativa de la Junta. Las ventajas tributarias para los padres que matriculen a sus hijos en colegios privados que apuesten por los idiomas y la digitalización puede convertirse en otro frente abierto con las AMPA públicas, sindicatos de enseñanza y partidos de la oposición, que ya han protagonizado varias protestas -este jueves tendrá lugar otra en el Parlamento- para mostrar su repulsa por el cierre de aulas públicas. 

Como ha adelantado Diario de Sevilla, una de las posibilidades que contempla el acuerdo fiscal entre el PP, Vox y Cs en Andalucía es que los padres que escolaricen a sus hijos en colegios privados (quedan excluidos los concertados) con una clara apuesta por el bilingüismo y las nuevas tecnologías (TIC) podrán ahorrarse hasta 150 euros en la matriculación, siempre, eso sí, que la base imponible de la declaración del IRPF no supere los 80.000 euros o los 100.000 si se trata de una declaración conjunta. 

Esta novedad se conoce en plena polémica por la planificación de la escolarización en provincias como la de Sevilla, un proceso que se ha encontrado con la oposición de AMPA, sindicatos y partidos, que consideran que se aprovecha la bajada de la natalidad para cerrar aulas públicas y beneficiar, de este modo, a los concertados, motivo por el cual piden que se use el descenso demográfico para disminuir la ratio de alumnos por aula. 

La delegada territorial de Educación en Sevilla, María José Eslava, preguntada por dicha rebaja fiscal ha asegurado que "la ventaja tributaria no va a incitar a un padre a matricular a su hijo en un colegio privado". "Las familias tienen muy claro el centro en el que van a estudiar sus hijos, sin necesidad de que haya rebajas fiscales", ha añadido Eslava, que se anticipa, así, a las críticas que pueda haber al respecto. 

Desde que PP y Cs se hicieron con el gobierno de la Junta, cada decisión que se ha tomado en materia educativa ha sido motivo de polémica con sindicatos, AMPA y con los partidos de la oposición. Ocurrió con el nuevo decreto de escolarización que entró en vigor en marzo de 2020, lo ha sido en el presente proceso de escolarización (condicionado por el descenso de la natalidad) y, con toda probabilidad, lo será también con este aspecto de la reforma fiscal andaluza. En todos estos asuntos se ha cuestionado la apuesta del Ejecutivo de Juanma Moreno por la enseñanza pública y se le ha acusado de usar la educación para beneficiar a los colegios privados. 

Desde la Consejería de Educación se ha contestado con cifras, al defender que se gestiona el presupuesto más cuantioso para Educación en la historia de la autonomía andaluza y que hay más oferta de plazas que demanda, por lo que la escolarización en centros públicos queda garantizada.