Las familias desfavorecidas de Andalucía no ganan para disgustos. Si el programa de salario social sufrió multitud de obstáculos en su consecución, su secuela mejorada –la Renta Mínima de Inserción (RMI)–, puesta en marcha en la anterior legislatura, no ha supuesto el pretendido alivio.

Sólo el 29% del presupuesto del que dispone este plan para ayudar a las poblaciones sin ingresos ha sido ejecutado, que es el porcentaje que resulta de los 198 millones de euros presupuestados y los 56,9 millones gastados por la Junta de Andalucía.Son los datos que proporcionó ayer la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, como respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el PP-A, una cifra que la consejera calificó de "inaceptable".

Los datos ofrecidos por la consejera en la sede parlamentaria no son aptos para pesimistas. En 2018, sólo se resolvió un 51% de las solicitudes del programa de la RMI. Las cifras causan pasmo: sólo fueron aceptadas 41.283 solicitudes de las 80.477 presentadas a la administración.

La poca información y asesoramiento, causas del fracaso

Ruiz atribuyó la escasez de resoluciones favorables al "desconocimiento de los solicitantes sobre los requisitos para el acceso a las ayudas", de lo que concluyó que "ha faltado una labor previa de información y asesoramiento de los afectados" a causa de "las prisas".

Pese a haberse aprobado por el Gobierno andaluz mediante decreto-ley, una figura legislativa dirigida a medidas urgentes, el anterior Ejecutivo –añadió Ruiz– "se olvidó de la "planificación" y de la "dotación de medios y recursos suficientes". Como consecuencia, Andalucía ha caído en un continuo "incumplimiento de los plazos de resolución previstos en la norma" y en el "retraso de ayudas".

Tampoco los planes de inclusión sociolaboral incluidos en la norma han tenido éxito: sólo se ha elaborado en este tiempo un 32% del previsto.