28-F: Política

Un sistema electoral aceptable

  • Una propuesta: dejar sin asignar el mismo porcentaje de escaños que de abstenciones.

LA reforma del sistema electoral es uno de los remedios preferidos por las personas que queremos mejorar la calidad de la democracia andaluza. A los que se nos supone especialistas en el asunto se nos pregunta con frecuencia qué sistema electoral elegiríamos. Así, de vez en cuando, me siento como un doctor al que se le pide que extienda una receta para curar a un enfermo. Se trata de un divertimento porque el paciente tiene el control absoluto sobre sus medicinas: los partidos aprueban la ley electoral y antes de cambiar una coma verán a quién beneficia y a quién perjudica y como es un juego de suma cero, cada uno propondrá el sistema que más le beneficie y se opondrá con uñas y dientes al que le perjudique. Y el sistema tiende a mantenerse a lo largo del tiempo. Hemos visto cumplirse escrupulosamente esta regla en el caso del nuevo Estatuto andaluz: después de muchos sesudos estudios doctrinales y algunas comisiones parlamentarias, el Estatuto de 2007 sigue, punto por punto, al de 1981, sin más variación que la eliminación del tope máximo de 110 diputados, vieja petición de IU y el PA para aumentar el número de escaños, que en última instancia los dos grandes aceptaron porque ellos también pueden ganar más diputados.

Aun teniendo en cuenta la inutilidad de este ejercicio, ¿qué cambiaría? Un sistema electoral debe cumplir tres funciones: producir legitimidad, representación y gobierno. Y según pongamos el acento en una u en otra, así será el sistema. Echemos un vistazo a los estados de nuestro entorno. Por ejemplo, el sistema mayoritario anglosajón, que parece ganar adeptos en España pues en el Reino Unido ha servido para crear una clase parlamentaria de cierto nivel intelectual y un gran nexo de unión entre representantes y representados, al tiempo que ha amortiguado la fuerza de los partidos políticos y facilitado gobiernos estables. Si nos lo trajéramos a Andalucía, olvidándonos de que antes deberíamos reformar el artículo 152 de la Constitución y el 104 del Estatuto, probablemente permitiría que siempre hubiera un gobierno de mayoría absoluta, pero a cambio de laminar a los partidos minoritarios. Así que se gana en gobernabilidad y se pierde en representación. En cuanto al efecto de conseguir parlamentarios con más relieve social y más próximos a los ciudadanos, no estoy muy seguro de que se conseguiría: habría que elegir un diputado por cada 70.000 habitantes, lo que es un número alto para que se cumpla el viejo mito del candidato visitando casa por casa y conociendo a todos sus electores. Pero más todavía: nuestra cultura política es muy gregaria, mucho de siglas y poco de personas, por lo que no cambiaría sustancialmente los candidatos que se presentarían, como por lo demás demuestra la experiencia alemana, donde los elegidos directamente no tienen ni de lejos el perfil propio de los anglosajones. Por no hablar de los riesgos de fomentar el populismo y la demagogia de determinados personajes que podrían ilusionar a algunos colectivos, como hemos visto en elecciones municipales.

Si nos fuéramos al extremo contrario, aboliéramos la provincia como circunscripción y eligiéramos un sistema estrictamente proporcional, como Israel y los países del Benelux, lograríamos un sistema muy representativo, pero dificultaríamos la gobernabilidad, dándole gran peso a los partidos minoritarios, tanto que a veces los votantes de los mayoritarios pueden sentirse infrarrepresentados. Además, en estos sistemas la inestabilidad gubernamental es muy habitual, como acabamos de ver en Holanda, donde se han convocado elecciones anticipadas para junio.

Así las cosas, tengo para mí que el sistema proporcional de circunscripción provincial es el menos malo que podríamos adoptar en Andalucía. Y puesto a no recetarle nada al paciente, tampoco cambiaría la fórmula electoral D´Hondt, tan criticada en la prensa, porque es muy proporcional en circunscripciones grandes y las andaluzas lo son. Y el reparto provincial prima ligeramente a los partidos mayoritarios, lo que facilita la gobernabilidad: en las elecciones el PSOE obtuvo el 51% de los diputados con el 48% de los votos. Ni siquiera veo clara la utilidad de las listas abiertas; en el Senado lo son y no se produce ningún resultado relevante. Las listas desbloqueadas han sido rechazadas en el informe del Consejo de Estado sobre la reforma del régimen electoral general, porque, al hacer los partidos políticos más permeables a las tendencias dominantes en la opinión, “puede generar en el seno de aquéllos tensiones que dificulten la unidad de acción”. Por mi cuenta, añado que los partidos no iban a ofrecer candidatos tan atractivos como para tomarse la molestia de alterar su orden.

Don Miguel de Unamuno decía que los médicos se debatían entre el dilema de dejar morir al enfermo por miedo a matarle, o le mataban por miedo de que se les muriera. No quiero quedarme en la primera disyuntiva, ni tengo espacio para buscar medicamentos previos, como seleccionar los candidatos mediante primarias. Realizaré una sola propuesta de reforma: dejar sin asignar entre los partidos el mismo porcentaje de escaños que de abstenciones se hayan producido en las elecciones (28% en las de 2008, 30 escaños). El miedo a perder diputados podría ser el bálsamo de Fierabrás que estamos buscando para aumentar la calidad de la democracia: obligaría a los partidos a ganarse el aprecio de la sociedad, preparando programas serios, actuando coherentemente con candidatos atractivos. Pero sea o no solución, es fácil imaginar dónde guardaría el enfermo esta medicina.

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