El sobrino de la ex gerente del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), que destinó más de 6.500 euros de fondos públicos para la realización de cursos a la compra de "regalos y caramelos” para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte de 2009, ha negado este jueves que fuese contratado para trabajar en estas instalaciones por mediación de su familiar.

En su declaración en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, Cristóbal Ojeda Orihuela, sobrino de la ex gerente de Formades Ana María Orihuela, ha afirmado que trabaja en la construcción y que en febrero de 2010 comenzó a trabajar para el centro realizando labores de "vigilancia" de los caballos, una tarea que ha desligado de la vigilancia de las instalaciones, de la que se encargaba una empresa del sector. "No hablé con mi tía para que me metiera en el consorcio", ha respondido a preguntas del fiscal este acusado, que ha explicado que fue su mujer, que trabajaba como profesora de equitación, la que le comentó que el vigilante de los animales estaba "saturado" por la carga de trabajo y necesitaba ayuda.

Así, Cristóbal Ojeda ha dicho que habló con el administrador del centro para ofrecerse a trabajar, dado que en ese momento estaba desempleado, y una semana después le llamaron para hacer la labores de vigilancia y guardería de los caballos, negando expresamente que su cometido fuese el de vigilante de seguridad. Entre abril de 2010 y noviembre de 2011 el sobrino de la "reina" Melchor recibió un total de 21 transferencias por un importe total de 38.495,94 euros.

El acusado, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años y seis meses de prisión por un delito de malversación, ha explicado que entre el administrador y el jefe de estudios de Formades y su compañero que hacía las funciones de guardería decidieron en una primera reunión el importe de las facturas por sus servicios, y desde el consorcio le dieron indicaciones sobre cómo elaborarlas, incluyendo una retención del 7% en concepto de IRPF, y ha añadido que "cree" que luego él elaboró las facturas en su propio ordenador. También ha dicho que incluso tuvo que reclamar el pago de varias facturas que no le habían sido abonadas a tiempo, aunque desconoce si en ese caso le pagó el propio consorcio o la Junta de Andalucía.

En la sesión de este jueves ha prestado declaración el cuarto acusado, el veterinario Juan Francisco Millán, quien recibió 136 transferencias entre noviembre de 2007 y mayo de 2012 por importe de 409.232,18 euros por la prestación de cuatro servicios para Formades: docente, asistencia veterinaria, proveedor de pienso para los caballos y medicamentos.

Este acusado, que se enfrenta la misma petición de condena que el anterior, ha defendido la realidad de los pagos por los servicios prestados y ha afirmado, con respecto a la realización de los cursos, que "nunca le pidieron solicitud ni presupuesto" para los mismos.

El veterinario ha señalado que ya venía trabajando con la anterior empresa ubicada en estas instalaciones, Doñana Ecuestre, antes de la llegada del consorcio, y presentó su currículum para seguir prestando sus servicios, señalando que fue el administrador de Formades quien le dijo que tenía que "separar los conceptos" por los distintos servicios y facturarlos aparte, aunque ha rechazado que esto se hiciera para que los contratos no superaran el límite permitido en las contrataciones.

También ha defendido que todos los cursos "se dieron" y ha reconocido que intervino como proveedor del pienso para los caballos de Formades porque los distribuidores no querían suministrarle el alimento al consorcio porque tenían problemas para el cobro. El acusado ha reconocido que percibía una ganancia del 6-7% del precio -aunque el fiscal le ha dicho que según la Guardia Civil los beneficios eran del doble- y ha afirmado que actuó como proveedor "por el beneficio y la salud de los animales más que por la ganancia que tendría"

En este juicio, que continuará la próxima semana en la Audiencia de Sevilla, se dirime la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas que recibió este consorcio de formación ubicado en Almonte (Huelva). La principal acusada, Ana María Orihuela, se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos.