Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería en una operación de la UCO
El PP de Andalucía ha ejecutado la suspensión cautelar de militancia del presidente de la Diputación de Almería
Qué es el 'Caso Mascarillas' y por qué se investiga a la cúpula de la Diputación de Almería
Una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha culminado, de momento, con siete personas detenidas, incluyendo al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y a su vicepresidente, Fernando Giménez, por su vinculación a una supuesta trama de corrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirma que el auto judicial que impulsa este operativo investiga los "presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, expandiendo la causa que se inició con el 'Caso Mascarillas' a contratos públicos del Área de Obras y Presidencia". El Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería ha ordenado la toma de diez registros y el bloqueo patrimonial de cuentas e inmuebles de los implicados, que pasan a disposición judicial este jueves.
La operación de la Guardia Civil, autorizada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, constituye una segunda fase del caso que eleva el número de detenidos a siete, mucho más allá de los cinco arrestos que trascendieron a primera hora del día. La UCO no se limita ya al polémico contrato de material sanitario de 2020, sino que ahora expande su foco para abarcar una red más amplia de contratos públicos vinculados a la Diputación.
En consecuencia, el PP de Andalucía ha ejecutado la suspensión cautelar de militancia del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, después de que los tres cargos fueran detenidos este martes por la Guardia Civil. La medida responde a la apertura de un expediente informativo por parte del Comité de Derechos y Garantías, activado tras conocerse la investigación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería por presuntas contrataciones irregulares.
Entre los arrestados figuran tres nombres clave del Partido Popular en la estructura provincial: el presidente Javier Aureliano García Molina, el vicepresidente Fernando Giménez, y el regidor del municipio de Fines, en el Valle del Almanzora, Rodrigo Sánchez. Estos cargos públicos se consideran piezas fundamentales en la estructura investigada por la UCO.
A la terna de detenidos se suman otros cuatro detenidos, según ha sabido Diario de Almería hay un técnico del área de Obras Públicas con antigüedad en la institución y el hijo del alcalde de Fines, primo del exdiputado Óscar Liria.
El despliegue de la Unidad Central Operativa ha sido de gran magnitud, ejecutando diez registros de manera simultánea desde primera hora de la mañana en distintos puntos de la provincia. Los agentes han inspeccionado viviendas particulares, dependencias de la Diputación Provincial, oficinas públicas y las sedes de empresas presuntamente favorecidas.
Auto judicial rotundo en sus términos
Según la información confirmada por el TSJA, el auto judicial que ampara los registros es rotundo en sus términos. La autoridad judicial sostiene que existen "sospechas fundadas de la comisión de delitos graves como cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales".
La tesis del instructor sostiene que los investigados habrían colaborado o facilitado activamente la adjudicación fraudulenta de contratos públicos con el objetivo de beneficiar directamente a ciertas empresas a cambio de sustanciales comisiones ilegales. Parte de estos contratos se vinculan a la Diputación y otros al Ayuntamiento de Fines.
Una de las novedades más relevantes del caso es el foco puesto en el delito de blanqueo de capitales. El juez investiga a algunos detenidos por no intervenir en la adjudicación, sino en la posterior canalización del dinero ilegal para reintroducirlo en el tráfico económico legal. Esto implica una ramificación financiera que complica la trama.
Para evitar la ocultación de patrimonio, el juzgado ha ordenado una batería de medidas de aseguramiento sin precedentes recientes en la provincia. Estas incluyen el bloqueo de cuentas bancarias, cajas de seguridad, y la prohibición de enajenar inmuebles y vehículos que pertenecen a los investigados.
El PSOE solicitó la declaración del presidente de la Diputación por las negociaciones de las mascarillas
El exvicepresidente de Diputación, Óscar Liria, en el punto de mira desde 2021 por el contrato de mascarillas de más de dos millones de euros (noticia de www.diariodealmeria.es site:diariodealmeria.es)
El procedimiento judicial del 'caso Mascarillas' ya tenía como investigados a Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, y este mismo mes el PSOE de Almería, que ejerce la acusación popular, había solicitado que se tomara declaración como testigo al propio Javier Aureliano García. Justificaban la petición en la "falta de concordancia" en las declaraciones de testigos e investigados anteriores.
El objetivo de los socialistas era esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento el presidente provincial de las negociaciones y adjudicaciones bajo examen. El escrito reclamaba, según las fuentes, si existían indicios compatibles con prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas.
Los siete detenidos permanecen bajo custodia de la Guardia Civil y está previsto que pasen a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción número 1 este jueves, salvo que el instructor decida extender las diligencias policiales. La investigación continúa bajo secreto parcial y las autoridades no descartan nuevas líneas de análisis o nuevas detenciones en las próximas horas.
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