El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, Carlos Lledó, ha vuelto a poner de manifiesto en la segunda sesión del juicio su capacidad pedagógica para explicar algunas de las cuestiones tan complejas como las que se tratan en la investigación de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, como sucede en la macrocausa de los ERE.

El magistrado, que preside el juicio por las ayudas de más de 8 millones concedidas a las empresas del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, ha rechazado la petición de la defensa del ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta, para que declare como testigo el redactor del plan andaluz de industrialización del corcho porque, según ha dicho, por "muy generoso" que pueda ser el tribunal a la hora de permitir a las partes la proposición de pruebas en la vista oral "los hechos que se investigan son ajenos al plan del corcho de 1983".

El juez ha recordado que en esta causa se investiga si las ayudas concedidas a las empresas del corcho se "ajustaban o no a la legalidad" y para ello ha puesto como ejemplo el caso del volcán de la Palma, donde nadie cuestiona que las ayudas eran necesarias y urgentes, pero "eso no legitima a nadie para otorgarlas fuera del procedimiento" establecido para ello, ha afirmado el magistrado.

Por último, Lledó ha considerado que la declaración del redactor del plan de industralización del corcho no va a aportar "ningún dato" relevante a esta causa, sino que además significaría dilatar más un procedimiento que acumula muchos años de retraso, dado que el inicio de la instrucción se remonta al año 2012.

Sí ha admitido, en cambio, la declaración de cuatro trabajadores de las empresas relacionadas con la investigación, propuestas por el abogado Miguel Villegas, que representa al actual alcalde de Cazalla, Sotero Martín Barrero, y de un testigo propuesto por el PP, de una sociedad que participaba en algunas de las empresas que recibieron las ayudas.