28-F: El territorio

La vertebración imperfecta

  • La Junta ha tardado dos décadas y media en formular un modelo territorial propio. La falta de suficiente articulación interior impide lograr una mayor integración económica regional.

Los próceres de la independencia americana, de la que ahora se celebra el bicentenario, solían llenar sus discursos de vehementes apelaciones a la patria. Es lógico. Tenían que construir nuevos estados sobre el inmenso solar colonial. En el caso de Andalucía, tierra poblada desde antiguo, las llamadas patrióticas resultan ser casi inservibles: el solar regional, tan promiscuo a lo largo de los siglos en habitantes, guerras e historias, está demasiado curtido. Transformado.  Casi como un país europeo.

Andalucía, que es casi el 20% de España, cuenta entre los atributos de su autonomía política con la capacidad de articular en solitario su propio territorio. Fruto de esta circunstancia, reforzada además en el nuevo Estatuto, existe un corpus jurídico extenso, una ley específica, una normativa de ordenación urbanística, piezas legales de desarrollo que se antojan herramientas suficientes para orientar el desarrollo regional de forma que sus tres grandes espacios históricos –el Valle del Guadalquivir, la Sierra Morena y la Penibética, según la terminología de Antonio Domínguez Ortiz– no padezcan los males de otras regiones: fuertes desequilibrios internos, migraciones y conflictos de cohesión social.

Hasta hace relativamente poco, sin embargo, ésta era una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno autonómico, que ha tardado dos décadas y media en llegar a formular siquiera un modelo de desarrollo territorial propio. Desde 1982 a 2006, fecha de aprobación del Plan de Ordenación del Territorio, posteriormente parcialmente modificado por la presión de los agentes económicos. Una guerra en toda regla en la que el Ejecutivo andaluz cedió justo en el momento en el que el cambio de ciclo económico –el urbanismo es una de las claves para entender la crisis actual– convirtió en papel mojado muchas de sus directrices de contención. La economía, paradójicamente, ha sido en este sentido mucho más efectiva que la legislación sectorial.

Andalucía, en líneas generales, no padece grandes quebrantos territoriales. La población continúa instalada en las ciudades grandes y medias, no sufre los intensísimos problemas de despoblación de otras áreas de la España interior (aunque el mundo rural empieza a vivir ya este proceso) y cuenta con una red de infraestructuras básicas que permite una mínima articulación regional. No estamos mal, pero la vertebración andaluza sigue siendo imperfecta. Presenta carencias que en el último decenio, al calor del boom del ladrillo, se han intensificado sobremanera en zonas como el litoral, colmatado durante años con una única actividad –la construcción– que no ha permitido diversificar el modelo productivo andaluz.

Sobre las comunicaciones, también habría elementos que matizar: la región está bien conectada con España –gracias a los aeropuertos,  la red de autovías y las dos grandes líneas de AVE–, pero sufre importantes déficits de comunicación interna, lo que impide que la integración económica regional sea suficientemente potente como para competir con una sola voz en el mundo global. Andalucía sigue siendo, en este campo, una mera suma de provincias. Un conjunto de músculos que trabajan por separado. Autistas.

Los vicios territoriales a los que se enfrenta la región son recurrentes, aunque mutan en función del espacio en el que se producen. Tienen un origen económico –el predominio del ladrillo–, una consecuencia –la ausencia de dotaciones, especialmente las relacionadas con el transporte público– y una huella ambiental que provoca que los problemas ecológicos, en ciertos casos con una incidencia nefasta en el paisaje natural heredado, se repitan con variantes tanto en las grandes áreas metropolitanas –figura que asombrosamente todavía está sin desarrollar ni legal  ni territorialmente– como en la Costa, donde la presión urbanística ha sido mucho mayor desde los años previos a la autonomía.

En las dos últimas décadas, la política tácita de la Junta consistió en el viejo aserto liberal –laissez faire, laissez passer– so pretexto de que no había consenso sobre el modelo a implantar. Fueron los años del deslumbramiento de la máquina –el coche– y la urbanización suburbana. Un modelo importado de Norteamérica y con notables costes de mantenimiento. Veinte años después, el desarrollo urbanístico de Andalucía ha sido tan azaroso –en realidad consentido; los foros de control existen desde hace tiempo– que ha terminado desequilibrando un modelo de asentamientos que en su origen siempre fue de raíz mediterránea, equilibrado y compacto. Sorprendentemente, los estudios oficiales abogan ahora por recuperar la urbe mediterránea –cosa que está bien–, cuando este tipo de ciudades son las que desde siempre definieron a Andalucía.

Dicho esto, es justo reconocer que en los últimos años se ha recuperado parte del inmenso tiempo perdido. Si a la consejera Concha Gutiérrez le tocó dar la batalla de la contención inmobiliaria, el actual titular de la consejería, Juan Espadas, ha desbloqueado los planes subregionales, los documentos que ordenan el desarrollo territorial en las zonas más sensibles de Andalucía. No son la panacea, pero pretenden evitar que vuelvan a perpetuarse situaciones como las que ahora ya no queda más remedio que gestionar: la existencia de comarcas enteras, como el Aljarafe sevillano o la Costa del Sol, perdidas para siempre bajo un manto de hormigón; con carencias dotacionales tremendas y con riesgo cierto de sufrir problemas de cohesión inéditos en Andalucía. Quizás estos planes no logren impulsar, sobre todo dada la actual situación económica, un verdadero modelo de desarrollo sostenible, pero al menos evitarán –al fijar zonas de oportunidad concretas para las actividades económicas– los pecados de los dos últimos decenios. Ya es algo. Claro que es necesario el compromiso público y la capacidad de concertación con el sector privado, ahora tarea complicada, en materia de infraestructuras. Sobre todo en transporte público.

 

La Junta tiene ya aprobados los planes metropolitanos de Sevilla, Málaga, Cádiz (ahora incluirá a Jerez) y Granada. Almería y Huelva capital están en marcha. Córdoba y Jaén todavía se encuentran en fase embrionaria. La mitad de la población vive ya en un espacio ordenado. El gran salto adelante –aunque tardío, sobre todo en Andalucía Oriental– se produce en el litoral, donde empieza a crearse un corredor legal: una reserva de suelo de 200 metros donde no se podrá urbanizar [la ley de Costas establece el parámetro de 100 metros], que se refuerza con la prohibición de implantar industrias y residencias tierra adentro hasta los 500 metros. Con esta medida quizás podrán0 salvarse el Levante almeriense y algunas zonas de Cádiz y de Huelva. Un comienzo que, sin embargo, algunos no pueden evitar preguntarse por qué ha tenido que llegar tan tarde.

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