¿cómo es posible que un campeonato mundial de kárate haya derivado en un problema deportivo y político de primer orden para al Comité Olímpico Español (COE), el Comité Olímpico Internacional (COI) e incluso el Gobierno de España?

Imprevisto o no, el caso Kosovo se está convirtiendo en los últimos días en un dolor de cabeza para el deporte español, cuyas autoridades bajan el tono a las amenazas de sanción del COI y confían en una solución a través del diálogo que desactive un presunto ultimátum. Al COI no le gustó lo sucedido en el Palacio de Deportes de Madrid, donde los kosovares tuvieron que competir sin su bandera, contrariando así lo dispuesto por el organismo olímpico.

Kosovo era una ex provincia mayoritariamente albanesa de Serbia que se independizó unilateralmente en 2008. Algunos países, entre ellos España, no la reconocen internacionalmente. Pero sí el COI, que aceptó al Comité Olímpico de Kosovo en 2014.

El organismo de los anillos manifestó su enfado a través de un directivo catalán, Pere Miró, quien dijo que el COI pedirá a las federaciones internacionales que no organicen competiciones deportivas en España hasta que los atletas de Kosovo puedan participar sin ser discriminados. "Si España no está en condiciones de garantizar que cualquier atleta pueda competir, debemos advertir a todas las federaciones internacionales que no celebren competiciones allí hasta que se resuelva el asunto", dijo. Las palabras del manresano encontraron el respaldo implícito de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. "En esta situación, es imposible que España pueda organizar nada", dijo Blanco, que añadió: "Es el acuerdo de compromiso al que se llegó. Todos se acogieron a la carta olímpica, cuya validez contempló el Gobierno español", indicó Blanco, quien recordó que los kosovares pudieron participar sin problemas en los recientes Juegos Mediterráneos de Tarragona.

Para el Gobierno de España, sin embargo, se trata de un asunto especialmente delicado en un contexto de tensión por el desafío independentista en Cataluña.

Ahora, con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, se busca acercar posiciones. "El Gobierno español está trabajando el tema de Kosovo; las puertas están abiertas para el COI", dijo la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda. "Tenemos que aplicar soluciones para que los atletas puedan competir. Es importante que el deporte y la política se respeten cada uno en su ámbito", añadió.

Un peso pesado del olimpismo español e internacional, como es Juan Antonio Samaranch Salisachs, confió también en que las negociaciones darán sus frutos, aunque pidió respetar a los atletas kosovares. "En la Carta Olímpica hay una cosa clara: la defensa de los deportistas. Bastante han pasado ya como para que a los que han salido de sus miserias les digamos que no pueden competir, que son deportistas de segunda clase", dijo el vicepresidente del COI e hijo del histórico presidente del organismo Juan Antonio Samaranch.

No obstante, se mostró confiado en que habrá un acuerdo. "En el COI, respetando la soberanía de los gobiernos, defendemos los intereses de los atletas. Con España siempre hemos tenido una buena relación. Las conversaciones que hay y las que van a seguir van a dar frutos inmediatamente", indicó en la presentación de la Oficina de Estrategia Internacional del Deporte Español, un organismo que nació con polémica.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el decreto regulador de los procedimientos para la solución de litigios deportivos, que incorpora como novedad la creación del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía (TADA), con el objetivo de agilizar, simplificar y mejorar la eficiencia de los trámites aparejados a estos procesos.

El TADA, cuya creación está prevista en la nueva Ley del Deporte de Andalucía, se configura como un órgano colegiado de decisión, asesoramiento y control, que estará adscrito a la consejería competente en la materia. Este órgano tiene su antecedente en el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, aunque incrementa sus competencias tanto cuantitativa como cualitativamente, añadiendo la potestad sancionadora, el arbitraje y la mediación, la resolución de recursos administrativos y la solución de conflictos entre federaciones.

Asimismo, se amplía su composición, que pasa de 9 a 13 personas ,y se aumenta el elenco de instituciones presentes.

Las personas integrantes desempeñarán sus funciones sin dedicación absoluta ni exclusividad y, en consecuencia, no percibirán retribuciones periódicas.

El tribunal, cuya organización y funcionamiento se regulará mediante una orden, se estructura en el pleno y en tres secciones: sancionadora; competicional y electoral; y disciplinaria.

Además de la creación del tribunal, el decreto establece los trámites y los plazos para el recurso contra resoluciones disciplinarias de naturaleza deportiva; la resolución de conflictos entre las federaciones o sus órganos disciplinarios; el recurso en materia electoral; el procedimiento disciplinario a las personas directivas de las federaciones, y el procedimiento para el ejercicio de la función consultiva y de informe del TADA, entre otros.

Finalmente, también se regula la inspección deportiva sobre instalaciones y el cumplimiento de las medidas de seguridad.