La Constitución española, en su artículo 119, establece que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Sin embargo, con la nueva ley de tasas judiciales este precepto cae en saco roto, según gritan alto y claro los abogados, un colectivo que está a la espera de conocer si la Ley citada es declarada incostitucional.

Estos dos temas han sido tratados el miércoles y jueves en el curso de verano Presente y Futuro de la Abogacía que se celebra en el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería. Los encargados de ofrecer unas pinciladas sobre un tema candente para la sociedad han sido Juan Luis de Aynat Bañon, diputado segundo de la Junta de Gobierno Colegio de Abogados de Almería y consejero del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca), así como Francisco Javier Lara Pelaez, decano del Colegio de Abogados de Málaga y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).

Éste último declaró: "La situación de crisis económica que atravesamos hace que la gente no disponga de recursos y acuda más a la justica gratuita y las tasas desde luego han hecho que muchos ciudadanos renuncien a tener un abogado particular, aún haciendo un gran esfuerzo económico, y así eludir las tasas".

Además, añadió que "hemos visto como se han reducido los procedimientos en el contencioso administrativo, esto es todos los procedimientos judiciales contra la administración, en un 40%. Nos podemos encontrar con ciudadanos de la clase media que no cumplan con los requisitos para ser beneficiarios de la justicia gratuita y no se les designa por lo tanto abogado de oficio y tampoco tengan recursos para pagar las tasas que se imponen".

"Ya tenemos constancia de ciudadanos que se han visto impedidos para acudir a la vía judicial para resolver su conflicto a causa de la Ley de Tasas Judiciales que esperemos que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y lo haga a la mayor brevedad posible para evitar los perjuicios que ya se están causando a los ciudadanos", concluyó.