El contrato para el tercer rescate financiero del grupo Abengoa en un lustro,  que está sin ejecutar, no se ha prorrogado más allá del 6 de diciembre, fecha en la que en principio caducaba. Así lo corroboró la multinacional andaluza a este periódico: “La compañía no confirma que haya una prórroga”, dijo de forma oficial un portavoz, que sin embargo evitó comentar si la inexistencia de esa prórroga supone que el contrato haya decaído.

Horas antes, la multinacional sí había señalado que existía esa prórroga. En una comunicación a accionistas, a través de su servicio de relación con los inversores, señaló que el plazo de caducidad del citado contrato de rescate financiero había sido extendido hasta el 18 de diciembre, según confirmó este diario, que adelantó el hecho en su edición digital.

Sin embargo, la información a los titulares de acciones de la multinacional andaluza no venía corroborada por una una comunicación al regulador bursátil, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta era una forma inusual de comunicar un cambio de esta trascendencia, dado que el canal habitual es remitir a la CNMV información relevante o privilegiada, para que todo el mercado pueda conocerla, acrecentó las dudas sobre cuál era la situación del rescate.

Además, la información traslada a accionistas chocaba con las reticencias que, como adelantó este diario, tienen distintos acreedores respecto a seguir alargando los plazos, tanto el de la condición suspensiva que obligaba a que la Junta de Andalucía concretase el instrumento con el que participaría en la reestructuración financiera, expresada tras la junta general de extraordinaria en la que el presidente destituido, Gonzalo Urquijo, impidiese nombrar un nuevo consejo y dejase en situación de acefalia a la compañía, como el referido a la propia caducidad del contrato, cuatro meses a contar desde la firma, que se produjo el 6 de agosto.

Varios acreedores negaban ayer que esa prórroga hasta el 18 se hubiese pactado.

Precisamente, los accionistas minoritarios agrupados en Abengoashares, contrarios al rescate, le han pedido al regulador de los mercados que intervenga en la compañía tras lo ocurrido en la última junta general, en la que se impidió elegir un nuevo consejo de administración. Su pretensión es que la dirección destituida deje de tomar decisiones desde la filial que se beneficiará del rescate y que tiene transferidos todos los negocios, los activos y la plantilla, Abenewco 1.

Versiones contradictorias

Abengoa ofreció ayer varias versiones a lo largo del día. Primero señaló que no había obligación de comunicar nada a la CNMV porque el rescate atañe a la filial Abenewco 1, que no está cotizada. Ante la evidencia que esa filial aún es 100% propiedad de la cotizada (aunque el Banco Santander tiene desde 2019 un derecho de conversión de instrumentos financieros que de ejecutarse le supondría poseer el 22%) y que Abengoa SA sí ha comunicado todas las novedades de ese contrato en los últimos meses, la multinacional admitió que la información trasladada a algunos accionistas era “incorrecta”.

Desde Abengoa se atribuye  a que desde el servicio de relación con los inversores se había cometido un error al señalar la fecha del 18 de diciembre como nuevo plazo de caducidad del contrato.

Esa fecha de extensión comunicada a accionistas que habían reclamado información a la compañía sobre la situación real del rescate coincide con otra fecha de caducidad, la del preconcurso de acreedores. El 18 de diciembre se cumplen cuatro meses desde que se solicitó ante los juzgados mercantiles de Sevilla.

Esa fecha marca teóricamente el final de la protección que da el artículo 5 bis de la Ley Concursal, aunque cabe solicitar una extensión por dos meses más. Abengoa ya tuvo más de cuatro meses de preconcurso cuando lo solicitó en noviembre de 2015. Además, en el contexto actual de medidas extraordinarias por la pandemia de Covid-19, el Gobierno ha eximido a los jueces mercantiles de declarar concursos necesarios hasta el 14 de marzo.

La fecha señalada, en cualquier caso, es previa a la junta general de accionistas extraordinaria, convocada para el día 21 en primera convocatoria y para el 22 en segunda.

La dirección destituida evita decirlo, pero los acreedores admiten que esa fecha es la verdaderamente relevante ahora, con la indefinición de si el contrato tiene vigencia o no.

Y es que en esa junta los accionistas deben decidir si eligen un nuevo consejo formado por tres expertos en concursos de acreedores y liquidación de empresas, tal como propuso la dirección antes de ser destituida, o la propuesta alternativa de los minoritarios  para hacerse con el control del grupo y pilotar un salvamento de la empresa que no liquide la matriz, lo que haría perder todo a los propietarios de los títulos de Abengoa, cuya cotización está suspendida por la CNMV desde el 14 de julio.

Si los minoritarios volviesen a imponer su mayoría en esa junta, estarían a tiempo de pedir que se extienda el preconcurso al juez ya como gestores de Abengoa S. A.

La dirección de Urquijo, que sigue al frente de Abenewco 1, mantiene su empeño en considerar que el contrato que expiraba inicialmente el domingo sigue vigente. Se basan en que ningún acreedor se ha pronunciado en el sentido de considerar decaído el contrato.

Algunos de los acreedores no opinan lo mismo y guardan silencio hasta saber quién gobernará la empresa tras la próxima junta general de accionistas.