El consejo de administración de Abengoa SA no tira la toalla tras el varapalo del auto dictado el pasado viernes y que declaró abierta la fase de liquidación del concurso de acreedores y disuelta la sociedad cotizada que se fundó en enero de 1941. Este órgano ha registrado este lunes un recurso de reposición ante la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla contra el citado auto de liquidación, y junto a él presenta una oferta por las unidades de negocio del grupo por más de 200 millones de euros, además de otros más de 300 millones en avales para poder ofertar, según confirmaron a este diario fuentes conocedoras de la operación.

Los abogados del consejo de Abengoa SA han presentado este lunes un recurso de reposición al entender que el plazo para presentar convenio expira este lunes a las 15:00 horas, aunque la razón principal para pedir al magistrado sustituto que lleva el concurso de acreedores de la matriz, Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, es que se presenta un convenio que da continuidad a todo el negocio del grupo y aporta ingresos para hacer frente a parte de las deudas con sus acreedores.

En concreto, el convenio presentado aportaría 35 millones al concurso, 16 millones para hacer frente al pago de la deuda privilegiada y otros 19, correspondiente al 3% del resto de la deuda, lo que implica que los acreedores acepten quitas del 97%. Al ser la amenaza de liquidación muy cierta, es probable que los acreedores de Abengoa SA, que son distintos de la deuda que está alojada en otras filiales instrumentales, aceptase las condiciones.

Según las mismas fuentes, el convenio está ligado a una oferta liderada por el fondo británico Sinclair Capital, en la que participa también el portugués RCP, apoyados por un fondo de fondos soberano, todos extranjeros, que ofrece más de 200 millones por comprar todas las unidades productivas del grupo Abengoa y 300 millones en avales para poder desarrollar la actividad de ingeniería. Igualmente, el fondo cuenta con una cartera de proyectos, según añaden, por valor de 12.000 millones en la que Abengoa podría contratar.

La oferta no sólo apuesta por el mantenimiento de la matriz aportando fondos al concurso, sino que incluso vincula su oferta a que ésta no sea liquidada y conserve su ficha bursátil. Aunque no lo especifica, podría dar una salida a los accionistas ahora atrapados en Abengoa SA, cuya cotización cumplirá dos años suspendida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en pocos días.

Las fuentes conocedoras de la operación señalan que los inversores españoles que existían hasta se la semana pasada desistieron de participar en el reflotamiento del grupo una vez que se conoció el contenido del informe de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que denegó la ayuda pública de 249 millones de euros solicitada al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por considerar que el deterioro financiero y los riesgos del grupo Abengoa no aseguraban su viabilidad a medio y largo plazo y que tampoco había quedado acreditada la capacidad para devolver los fondos públicos, 168 millones como prestamos participativos y 81 millones como préstamos ordinarios.

Cuestión de plazo

La presentación del recurso de reposición y del convenio con oferta llega cuando el juez ha ordenado la apertura de la fase de liquidación y la disolución de Abengoa SA, aunque su decisión no es firme.

Los abgados creen que la decisión se anticipó al fin del plazo, que interpreta que terminaba este lunes a las 15:00 horas. Pero precismente la razón que esgrimió el magistrado para dictar el auto en el que tomó ambas decisiones es que había transcurrido el plazo sin existir una propuesta de convenio,  y por ello acordó la apertura de la fase de liquidación del concurso de Abengoa SA. También acordó dejar en suspenso las facultades de administración de la concursada sobre su patrimonio con todos los efectos establecidos en el Capítulo II del Título VII de la Ley Concursal. 

En consecuencia acordó igualmente disuelta la entidad Abengoa SA, por lo que cesa en su función a los administradores, actualmente Clemente Fernández, José Joaquín Martínez Sieso y José Alfonso Murat, y que éstos sean sustituidos por la administración concursal, ejercida por EY Abogados, aunque sin perjuicio de que los hasta ahora consejeros continúen “en la representación de la concursada en el procedimiento y los incidentes en los que sea parte”.

El juez también requirió a la administración concursal para que presente un plan de liquidación de los bienes y derechos integrados en la masa activa, esto el todo el grupo Abengoa, además de los pocos bienes que dejaron en la matriz, entre ellos el cuadro San Pedro Penitente –que es un BIC y está embargado por deudas con el Estado– y una residencia en La Antilla (Lepe, Huelva). El principal activo es Abenewco 2, sociedad instrumental que contiene garantías para los acreedores, dueña del 100% de Abenewco 2 bis, del mismo carácter de la anterior, que conserva la totalidad de las acciones de Abenewco 1, que es la instrumental en la que han concentrado todo el empleo, incluido el corporativo, y los distintos negocios, distribuidos en más de 300 sociedades.

Por último, el juez ordenó los trámites administrativos habituales para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y el Registro Público Concursal, así como su anotación preventiva en el Registro Mercantil de Sevilla.

El auto del juez no afecta a las sociedades participadas del grupo que fueron puestas en preconcurso el pasado jueves, salvo en que forman parte, como queda dicho, de los activos de la sociedad que declara disuelta y que encomienda vender a la administración concursal.

La existencia de un convenio junto al recurso de reposición haría necesario para que el juez cambiase de criterio que la administración concursal apoyase ese convenio, algo que no está garantizado.